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Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley (artículo 86). Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán valerse de su cargo para hacer política partidaria. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley (artículo 218).

Está claro. Los funcionarios y los empleados públicos no están ni pueden estar secuestrados por la partidocracia. 

Cualquiera que aspire o desempeñe un cargo en la administración pública debe tener permanentemente grabada esta exigencia y demostrar que efectivamente se cumple. Debemos recuperar la independencia y la autonomía en la administración pública. ¿Por qué lo afirmo? Porque usted y yo seguramente hemos tenido experiencias en las cuales la imparcialidad de los funcionarios está ausente porque hay prejuicios sobre la simpatía y la militancia política. Seguramente usted y yo hemos enfrentado a funcionarios que son amigos de dirigentes político-partidarios de quienes esperan favores o a quienes deben favores y allí terminaron sus derechos y los míos. Seguramente usted y yo hemos visto notas de diputados presentando a sus “correligionarios” para que se les dé un empleo. Y seguramente usted y yo hemos vivido las consecuencias de los compadrazgos partidarios y del poder de la partidocracia en la administración del Ejecutivo, en la administración de Justicia, en la contraloría pública y en la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado.

Y esto no le conviene ni a usted ni a mí. Como son delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que establece la ley, necesitamos mecanismos que permitan asegurar capacidad, competencia y actuación basada en principios y valores coherentes con la Constitución de la República. La misma Constitución busca la protección de los intereses ciudadanos estableciendo requerimientos para los cargos de elección popular, como son el presidente de la República y los diputados. Y establece también los requerimientos que los diputados deben tener presentes cuando se proceda a la elección de funcionarios para cargos en el Órgano Judicial y en el ministerio público.

 

Las preguntas de mil millones: ¿Son esos los requerimientos necesarios y suficientes? Y luego, ¿cómo se comprueban? Y también, ¿qué mecanismos se tienen para darles seguimiento a los requerimientos cuando asumen su cargo? Pregunto porque nadie les da un cheque en blanco. Pregunto porque no pueden hacer lo que quieran, sino lo que les manda la ley. La Constitución de la República establece requerimientos para nueve cargos públicos.

A los diputados se les requiere notoria honradez e instrucción; al presidente de la República, moralidad e instrucción notorias; a los magistrados de la Corte Suprema, a los magistrados de la Cámara de Segunda, a los jueces de Primera Instancia, a los jueces de Paz, al fiscal general, al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, moralidad y competencia notorias; y al presidente y a los magistrados de la Corte de Cuentas, honradez y competencia notorias.

¿Y cómo se comprueba la moralidad de un aspirante y de un funcionario? ¿Y la instrucción y la competencia notoria? ¿Y la honradez? Y hay que preguntar una y otra vez ¿cómo asegurar que la honradez, la moralidad, la instrucción y la competencia notorias no se pierdan o se olviden cuando asuman el cargo?

En esta coyuntura se ha comprobado el sometimiento profesional a intereses partidarios; en la administración pública esto distorsiona y en la administración de justicia, nos condena. 

En esta crisis institucional hay nombres, rostros y voces que no han podido pasar desapercibidos. ¿Quién dio fe de que esta persona cubría los requerimientos establecidos? ¿Y quién da fe de su competencia? Los órganos de Gobierno son y deben ser independientes. Y para esto los funcionarios que los dirigen deben ser y demostrar independencia, porque son ellos quienes hacen funcionar la institución. 

Está demostrado que deben asumirse nuevos criterios de evaluación y selección. Se necesitan procedimientos de convocatoria, evaluación y selección abiertos al público, con indicadores de comprobación. Esta crisis se va a solucionar respetando la ley y volviendo a lo esencial de las personas y de los funcionarios públicos, y esto exige compromisos interpartidarios. ¡Ojalá que todos reconozcan la oportunidad!