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El asalto a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y la usurpación de funciones de parte de la Mara Ganzúa no tiene parangón en la historia salvadoreña. En la bufonada de la toma de posesión de un grupo de personas que se autocalificaron como magistrados, y donde hubo forzamientos de puertas y cerraduras de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, acciones planificadas por el FMLN, consentidas por don Funes, con el amparo de la chusma roja, se cometieron una serie de delitos como: actos arbitrarios, desobediencia, denegación de auxilio, actos de terrorismo, desórdenes públicos, atentado contra la integridad y existencia del Estado.
Por eso el fiscal general está obligado a iniciar los procesos criminales contra los responsables de estos delitos a la mayor brevedad posible, para que se respete la legalidad del país
Todos estos abusos tienen el rechazo de las salas de lo Constitucional de Guatemala, Honduras, Costa Rica, como también de varios senadores de Estados Unidos, quienes piden respetar la Constitución, a los que don Funes les ha restado importancia. Pero la señora embajadora de Estados Unidos ha dicho clara y públicamente: La opinión de los senadores pesa.
Ahora a don Funes ya le dio canillera y ha enviado al Departamento de Estado de Estados Unidos a dos de los menos bobos de sus funcionarios a pedir cacao, pues ya espera otro garrotazo como el que le dio el FMI por el desorden económico y financiero, y mentirles en las metas que les propuso para obtener préstamos.
Pero sigue con la necedad de que los abusos a la Corte Suprema de Justicia tienen solución política, cuando realmente solo es cumplir la Constitución. Cualquier otra solución será otra violación más.
El repudio a la administración, encabezada por don Funes, se ha generalizado, no solo por su incapacidad, sino por el despilfarro de fondos. Cómo es posible que con ingresos de $306,000 en el quinquenio, que no ha terminado, hayan cancelado deudas millonarias de la propaganda electoral a un empresario; además, han construido mansiones suntuosas, millonarios gastos extravagantes, que ha llevado a El Salvador a la bancarrota.
Pero lo que ha encendido la mecha es el desprecio que hizo al Pabellón Nacional.
Don Funes no llegó al acto donde entregaría el Pabellón Nacional a los atletas que actualmente compiten en Londres, acto que se realizó el 21 de julio, a pesar de que el señor Eduardo Palomo, del Comité Olímpico, lo invitó un mes antes, y de que es tradición que el presidente constitucional haga la entrega del Pabellón Nacional. Quizás se acordó de que no reúne los requisitos del artículo 151 de la Constitución.
Esta es una afrenta a nuestra dignidad de salvadoreños y para los oficiales y soldados que en su juramento dicen: Defender el Pabellón Nacional como la insignia sagrada de la patria. Esto es un bofetón a la cara. ¿Quieren más?
Ha llegado la hora de enfrentar a los discípulos de la violencia, de la actual administración, que laceran nuestros intereses patrios, que mienten, engañan, manosean nuestros impuestos, con los cuales se han lucrado, y carecen de vergüenza porque lo hacen públicamente.
Hagamos uso del derecho que nos da el artículo 87 constitucional, sacándolos de los cargos y enviándolos a la cárcel.