Muchas comunidades del país viven en alto riesgo ambiental, ya sea por efecto de desbordamientos y deslaves o por consecuencia de sequías periódicas. Este es un fenómeno no sólo recurrente, sino en proceso expansivo, porque nunca se ha hecho lo verdaderamente necesario para garantizar la seguridad de los grupos poblacionales menos favorecidos y, por consiguiente, más vulnerables a diversos peligros. Por ejemplo, sólo en el departamento de La Libertad, Protección Civil estima que más de 15,000 familias están expuestas a sufrir los efectos de inundaciones y deslizamientos de tierra, y de seguro la cifra se queda corta en los hechos.

Nuestro país es zona de elevada vulnerabilidad ambiental y a la vez social; y en los hechos, ambas se agudizan mutuamente. Las necesidades de unos y las irresponsabilidades de otros marchan en paralelo, y así vemos cómo, por ejemplo, muchísima gente vive autorizadamente en las desprotegidas márgenes de los ríos o en terrenos inseguros al máximo. No es casual que las cárcavas depredadoras se hayan venido multiplicando. Atender en serio y de manera sostenible todas estas expresiones de vulnerabilidad requiere no sólo grandes inversiones de recursos sino, en la base, un proyecto de seguridad ambiental que ni siquiera está perfilado.

Por otra parte, nuestras deficiencias estructurales crónicas y la falta de una política de Estado que oriente la actividad nacional en forma segura y creativa, conforme a las pautas de la competitividad actual, hacen que la economía se halle en creciente vulnerabilidad. Los índices de crecimiento son calamitosos. El desarrollo empresarial ha dejado de estar en la vanguardia. Las fricciones entre la cúpula gubernamental y las cúpulas empresariales han ido en aumento. El empleo no arranca. Y todo esto crea una atmósfera desalentadora que habría que atender cuanto antes. Superar la vulnerabilidad económica tendría que ser un punto de honor para todos.

Pero no sólo las vulnerabilidades ambientales, sociales y económicas, que son de índole fundamentalmente estructural, nos aquejan: dentro del desenvolvimiento del proceso democratizador que tomó impulso en el país desde el fin del conflicto bélico, otras tres formas de vulnerabilidad vienen ganando espacio: la vulnerabilidad política, la vulnerabilidad jurídica y la vulnerabilidad institucional. La vulnerabilidad política deriva de la ambigüedad sobre las líneas partidarias hacia el futuro. La vulnerabilidad jurídica proviene de que el Estado de Derecho es aún frágil y manipulable. La vulnerabilidad institucional es consecuencia directa de las dos anteriores.

Como siempre que se hacen aproximaciones a los diagnósticos sobre el fenómeno real, y más cuando éste es tan complejo y enredado como el que se da entre nosotros, las dos preguntas obligadas son: ¿Qué hacer? y ¿Por dónde comenzar? Para responderlas es indispensable que todos los sectores y actores del drama nacional se dediquen armoniosamente al esfuerzo; y es justamente lo que no hacen. De seguro nuestra vulnerabilidad más frenadora es ese espíritu de virulencia y de choque que se ha venido aposentando de manera tan artificial y perniciosa en nuestro ambiente. Corregir tal vulnerabilidad debería ser, pues, lo primero. Cada vez que vuelve el invierno resurgen los espectros de las correntadas y los deslaves. Pero también los hay, y en todas las épocas del año, en el manejo erróneo de nuestra problemática nacional. Eso hay que evidenciarlo, para que no se quede impune.