El dengue está en una peligrosa línea epidémica. Se intoxicaron más de 70 niñas en Zacatecoluca por malas prácticas higiénicas en el cafetín de su escuela. Se paralizó la construcción de la emergencia del Hospital Bloom... Si ven, los problemas que afectan al salvadoreño de a pie siguen, y aún así, las entidades encargadas de resolver sus problemáticas siguen enfocadas en otras cosas. Como en el conflicto de la CSJ y la Asamblea, en el país seguimos gastando energías en problemas que ni siquiera deberían existir.

Hay muchas instituciones que no hacen su trabajo y son, además, poco transparentes. Por ejemplo, la Corte de Cuentas aún es cerrada sobre las auditorías que realiza. En esa misma línea, las autoridades judiciales tampoco han dado respuesta al caso de la agresión contra la periodista Jessica Ávalos a quien un empleado de la CCR golpeó por intentar grabar una fiesta de esa entidad en horas laborales.

La Asamblea ha hecho múltiples esfuerzos en bloquear el trabajo de la prensa, con la novedad de que los periodistas no pueden entrar antes de las 8 de la mañana ni después de las 4 de la tarde. La Fiscalía todavía nos debe datos sobre la efectividad en las condenas que logra, en comparación con las capturas que realiza. En las últimas negociaciones entre los partidos políticos y el presidente Funes tampoco ha habido apertura para conocer qué se discute, cómo se discute y qué está en discusión. Además hay una restricción para que ninguna de las partes dé detalles de las negociaciones. Dado cómo se ha movido este tema desde que comenzó, y que el escenario ideal no debería ser estar buscando una “solución” entre diputados y presidencia, lo menos que uno esperaría es transparencia.

Y ahora que hablan de transparencia, vale recordar que abrieron una oficina y aprobaron una Ley de Acceso a la Información Pública que camina a medias. De esta oficina, llama la atención que lo que recibimos son comunicados que ya nos enviaron las otras oficinas de gobierno y un conteo de la movilización de los periodistas en redes sociales, sobre todo cuando el presidente Funes inauguró su programa radial.

Así que el hecho que la oficina de Transparencia quiera ejercer un “cierto control” en los medios no puede menos que llamar la atención. Particularmente, porque pienso ¿qué van a hacer con ello? ¿Qué pasa si algo no les gusta o asumen que no se hace como creen que es de la manera correcta? ¿Empezará la coerción, presionarán por cambios? o ¿solo es para apuntarlo en la libreta? Yo creo que en este país a las oficinas de los tres poderes lo que más les falta es transparencia, así que la ley y la entidad creada para ello ya tiene bastante que hacer. En cuanto a los medios, soy fiel testigo que si no me gusta un canal lo cambio, y sé que la gente si no comparte lo que lee lo deja de comprar. El control siempre lo hace el lector. Pero por ejemplo, al funcionario ya electo, al diputado ya puesto en el cubículo, no lo puede dejar de ver, no lo puede dejar de adquirir, sino hasta que acabe su periodo. A ellos hace falta fiscalizar; total, trabajan con fondo que pagan los salvadoreños.