Para algunos, tal convencimiento unánime solo pudo haber surgido luego de que se vislumbraron las consecuencias para el país si no se normalizaban las cosas en el Órgano Judicial: pérdida de la cooperación internacional recibida de Estados Unidos, más el Asocio para el Crecimiento y la posibilidad de un nuevo FOMILENIO, además de la suspensión de visas para los involucrados en generar el problema. Ese panorama suena similar al que hubo en Honduras, posterior al golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Los que participaron en la interrupción de la presidencia de Zelaya fueron tratados como parias por la comunidad internacional.
Sin embargo, lo que estamos viendo en El Salvador es a todos los líderes políticos buscando una salida a la crisis institucional. Entre los participantes a las reuniones hay personas que estuvieron en el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz, por eso no extraña que en la primera acta de compromisos veamos propuestas de reformas que trascienden la coyuntura actual. Durante meses hemos escuchado dos posturas: que la Constitución de la República faculta a la Asamblea Legislativa a elegir magistrados de la CSJ, independientemente de cuántos durante una misma legislatura, en tanto que el fallo de la Sala de lo Constitucional dice lo contrario, que una legislatura solo puede nombrar un tercio de la Corte, basándose en el principio de la representación popular democrática indirecta. La mejor salida para esto es una reforma de la Constitución: incorporar en la Carta Magna el texto que limite a una legislatura la elección de un tercio de la CSJ y evitar, de una vez por todas, cualquier interpretación antojadiza en uno u otro sentido.
Y esa misma transparencia debe aplicarse a otras áreas de la Constitución en las que las interpretaciones se prestan para favorecer a unos o a otros. Por ejemplo, un fallo de la Sala de lo Constitucional obligó a incorporar las fotografías de los candidatos a diputados en las papeletas.
Creo que eso fue un paso. La práctica debe ser permanente y ser ampliada. Y aquí es donde se vuelve importante el consenso logrado en el sistema político salvadoreño: todos esos cambios deben ser aprobados en la Asamblea Legislativa. Si hay un acuerdo previo de las cúpulas será más fácil promover los cambios en los textos legales, para que sean más apegados con la realidad y las necesidades de una sociedad cambiante.
La base del sistema de gobierno en El Salvador es la representación. El poder se delega en gobernantes, que deben tener claro que su función es pública, al servicio de los ciudadanos.
Es la sociedad la que debe demandar buenos funcionarios y es deber de estos actuar con transparencia, ya que tienen un mandato popular y manejan recursos públicos.
Que ahora tengamos la posibilidad de sentar bases para una evolución de nuestro sistema político también es una buena noticia.
Ojalá que nuestros gobernantes puedan ver la oportunidad de trascender. De reparar lo que está malo, sí, pero, además, de construir un mejor sistema.