Dejemos a un lado de la mesa el asunto de los magistrados 2006, 2012 y una porción 2009, y revisemos una de las más recientes informaciones sobre la actividad de esta institución: el bajo nivel de ejecución presupuestaria del actual período. Los entendidos en la materia saben que una baja ejecución del dinero asignado cada año se debe a una mala gestión. Y lo peor es que el año pasado fue de igual escaso nivel.

La administración de los más de $200 millones con los que cuenta cada año la Corte Suprema es clave para el funcionamiento adecuado de todo el sistema de aproximadamente 9,000 empleados, de tribunales y de todos los departamentos que la conforman. A la fecha apenas se ha ejecutado un 37% del presupuesto de $226 millones; una de las peores del Estado. Eso es algo que se debe discutir, que no se debe dejar de lado y del que la ciudadanía también debe pedir cuentas. Esto impacta de manera directa en la misión de pronta y cumplida justicia.

Y en este caso se debe pedir cuentas al presidente saliente, Belarmino Jaime, guste o no, él es quien ha estado al frente los últimos tres años (julio de 2009-julio de 2012) y la ley le da todo el poder administrativo, y por tanto, toda la responsabilidad. Si vamos a los números netos y hacemos una evaluación, reprueba con mayúsculas. La responsabilidad como presidente de la Corte debe comprender la eficiencia administrativa, la capacidad negociadora con sus pares y con los empleados, el liderazgo para halar los proyectos de nuevas leyes y tribunales, y nada de eso ocurrió; es más, en este período volvimos a ver cadáveres tirados por una huelga general en el Órgano Judicial, algo que no se había registrado en años.

Seguramente algunos dirán que este señalamiento es parte de una campaña, que es parte de la actitud de este medio por una sentencia desfavorable (y ya cumplida) de la Sala Constitucional, que es una línea orquestada con algunos partidos políticos, pero debemos ver los hechos, debemos entender que no se puede dejar de señalar errores.

Presupuesto mal ejecutado es un hecho incontrovertible. Además, apuntemos la escasa transparencia en la rendición de cuentas, en la revelación de licitaciones y de las compras realizadas lejos de la sombrilla de la ley de licitaciones, veamos la triste realidad de muchos tribunales que trabajan en precarias condiciones y de los problemas que resultan de esta mala gestión como la falta de reactivos para análisis en Medicina Legal.

Juntemos además tareas pendientes como la depuración judicial. No podemos olvidar que en el sistema conviven mafias y compran jueces, secretarios de tribunales, resolutores, y que la forma de enfrentar este problema se diluye por inmaduras pugnas internas y en excusas infantiles de poder; hay muchas tareas pendientes en Probidad, Departamento de Investigación Profesional, auditorías no reveladas, auditorías pendientes en la Corte de Cuentas, compras sospechosas, gastos en viajes, en combustible, vehículos nuevos.

Hagamos un ejercicio de sensatez. Las organizaciones de la sociedad civil, además de la defensa de magistrados, no deben quitar el dedo del renglón sobre todos los otros temas que impactan la administración de justicia. Si lo hacen, darán la razón a aquellos que creen que el fin es realmente político.