Nuestra Constitución establece en el artículo 168 que son obligaciones del presidente de la República, entre otras, las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución; b) Mantener ilesa la soberanía de la República; c) Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Por ello el CEJ y otras instituciones estuvieron insistiendo en la necesidad que el presidente interviniera en la crisis institucional en que nos hemos visto inmersos desde hace demasiadas semanas.

Contrario a lo que se esperaba, el presidente primero optó por querer desmarcarse del conflicto, y después en lugar de ser parte de su solución, contribuyó a su agravamiento incumpliendo sus obligaciones constitucionales. No fue apropiado que el presidente defendiera las actuaciones de los diputados que a estas alturas aún se niegan a acatar decisiones judiciales emanadas del máximo tribunal judicial; es condenable que consintiera la toma violenta de las instalaciones de la CSJ; fue lamentable que estuviera de acuerdo con quienes han pretendido ceder nuestra soberanía a una desacreditada e incompetente Corte Centroamericana de Justicia; es reprochable que haya consentido –o talvez hasta instruido– la no publicación de sentencias de la Sala de lo Constitucional en el Diario Oficial; y ha causado mucho malestar que en reiteradas oportunidades se haya mostrado intolerante e innecesariamente agresivo contra quienes hemos estado denunciando los atropellos constitucionales recientes, sobre todo porque ni al CEJ ni a muchas otras instituciones, forjadores de opinión, líderes y profesionales independientes, no nos ha movido ningún otro interés que no sea velar por el respeto a nuestra constitución. El presidente, por su mandato constitucional, está llamado a tener una visión de estadista por encima de los intereses partidarios y en pro de la estabilidad democrática e institucionalidad. Pero errar es de humanos, mantenerse en el error es de necios y rectificar es de sabios. Por ello hemos recibido con beneplácito y esperanza el radical cambio en el discurso presidencial, y sin ingenuidad pero con optimismo, esperamos que se trate de un giro realizado por convicción. Sin desconocer las reacciones generadas en la comunidad internacional y la presión que por sí mismas generan, esperamos que este cambio obedezca a un adecuado entendimiento de las consecuencias que traería la perpetuación de la crisis.

Este es el momento en que nuestras exigencias de respeto al ordenamiento constitucional deben arreciar, sobre todo porque reconocemos que las soluciones que podían ser las idóneas hace unas semanas, ahora ya no lo son. Las vergonzosas actuaciones y expresiones vertidas por algunos de los profesionales cuya elección ha sido declarada inconstitucional, si bien no cierra del todo la posibilidad de elegirles nuevamente, pone en duda su independencia y su idoneidad. Al propiciar las conversaciones y entendimientos entre los partidos políticos, se ha dado un paso que nadie menosprecia, pero también hay que buscar que se den otros con mayor entereza, tales como reformas constitucionales necesarias para evitar este tipo de crisis.

 

El Salvador tiene muchos problemas con los que lidiar tales como la pobreza, el desempleo y la inseguridad, como para que esta crisis generada por la irresponsabilidad, la desobediencia y el egocentrismo continúe consumiendo nuestros esfuerzos. El país se ha desgastado mucho, se han desatendido otros importantes problemas, y hemos perdido credibilidad a los ojos de la comunidad internacional. Sin embargo, el esfuerzo no ha sido vano, estamos convencidos de que nuestra institucionalidad al final de esta confrontación estéril, terminará fortalecida, que la ciudadanía en general habrá adquirido una mayor conciencia de lo que significa vivir en democracia y en un estado de derecho, por lo que no se debe diferir más la solución política a esta grave crisis institucional.