Sin embargo, entre los pagos ya realizados y los que quedan pendientes, la entidad desembolsará $108.5 millones. Y como gran logro, se señala que la CEL, en vez de cancelar los $52.4 millones que reclamaba la contraparte para dar por terminado el contrato, “solo” pagará $23.5 millones. Empero, esta cifra bien podría representar la ganancia que tenía previsto obtener la constructora en un proyecto valuado inicialmente en $200 millones, en circunstancias en que la obra realizada, a costo actual, solo representa el 38%. Se indica también que con este arreglo se evitarán pérdidas por $27 millones anuales en generación, aunque por razones entendibles, no se menciona nada sobre el costo final de la obra ni el tiempo que llevará finalizarla, cuando se suponía que estaría concluida entre 2012 y 2013. Es pertinente recordar que la CEL ya perdió un juicio que duró diez años, cuando un tribunal de Ginebra la condenó a pagarle a Nejapa Power $18 millones (más los costos procesales) por la suspensión de un contrato de suministro de energía, según el sitio Web CentralAméricaData. Sin embargo, una fuente digna de crédito nos ha comentado que dicha suma representa solo la décima parte de lo que realmente pagó la autónoma a una empresa que solo valía en esa época $150 millones. ¿Nos estará dando la CEL, en esta ocasión, la información correcta?

Al margen de las cifras y del arreglo que se ha hecho público, hay que decir que este nuevo caso magnifica la ineficacia con que importantes entidades estatales manejan los recursos públicos. Son harto conocidos otros casos como el Puerto de La Unión, el bulevar Diego de Holguín y, el más emblemático de todos, el Hospital de Maternidad, caso en el cual se esfumaron por arte de magia los recursos asignados, sin que se hubiera colocado ni la primera piedra.

Solo por la posposición de estas obras, el país ha perdido cientos de millones de dólares, con poca o nula reacción de los entes encargados de velar por el buen uso de los recursos públicos. Mientras tanto, el sector productivo y la sociedad en general siguen soportando enormes costos por el pésimo estado de la infraestructura. En el caso de la CEL y concretamente en el del Puerto de La Unión, esa ineficacia se traduce en tarifas incrementadas y en daños cuantiosos para la economía nacional. Este último caso representa además una cuantiosa sangría para la CEPA, mientras la entidad anda a la caza de recursos para financiar la impostergable expansión y modernización del Aeropuerto Internacional.

Se percibe en todo esto una falta de planificación y visión estratégica, pero además, en el caso concreto de El Chaparral, una irresponsabilidad enorme porque el proyecto se ubica en una zona geológicamente inadecuada. Esto me lo anticipó el experto que envió una firma alemana que yo representaba, al examinar el material que se había preparado justamente para que los entendidos dieran su opinión sobre la bondad del lugar escogido para la construcción.

Para colmo de males, según se comenta, el contrato fue otorgado bajo condiciones bastante anómalas, lo que llevó al presidente Funes a ordenar una auditoría especial, aunque sus resultados se desconocen.

A partir de los casos comentados, surge la interrogante: ¿será posible un uso más eficaz y transparente de los escasos recursos que puede invertir el país en sectores estratégicos, en circunstancias en que la sostenibilidad fiscal está en entredicho y no se encuentra el camino para la reactivación económica?