¿Deberían los Estados Unidos aportar cerca de 500 millones de dólares en ayuda para el desarrollo en El Salvador, a pesar de que el Gobierno en San Salvador ha estado pisoteando el imperio de la ley? La respuesta es obvia. Sin un marco legal de trabajo confiable, el desarrollo es improbable. El Tío Sam solo estaría gastando los recursos de sus contribuyentes.

Una decisión de la Administración Obama para cortar los fondos que El Salvador está esperando de la Corporación Reto del Milenio (MCC) haría más que simplemente reducir los gastos federales. Significaría que un presidente estadounidense de centro-izquierda –quien es admirado por los socialistas latinoamericanos– desaprueba arrebatar el poder, aún cuando sus simpatías ideológicas están alineadas con los usurpadores.

Esto pondría al Sr. Obama en el mismo lado que muchos salvadoreños en la izquierda, que también se oponen a las maquinaciones antidemocráticas de su Gobierno, incluyendo a antiguos combatientes de la exguerrilla que firmó los Acuerdos de Paz en 1992. Podría incluso salvar la democracia.

Hugo Chávez puede estar enfermo de gravedad y la Cuba de Castro podría estar tocando fondo en su economía. Pero eso no significa que la libertad en América Latina está a salvo de los acosadores bolivarianos quienes han estado coleccionando las cabelleras de las naciones libres durante la década pasada.

Hoy El Salvador es la zona cero en la revolución de Chávez. El presidente Mauricio Funes y su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pensaron que habían tomado el control de la independencia del Poder Judicial a principios de este año usando su mayoría –junto con algunos pequeños partidos– en el congreso para de forma ilegal nombrar cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos también ilícitamente nombraron el próximo fiscal general, quien será el responsable de investigar la corrupción en el Gobierno.

Cuando estas audaces y ampliamente impopulares movidas fueron desafiadas ante la Sala de lo Constitucional, el FMLN perdió. Pero el partido y el presidente se negaron a retroceder. El 1.º de julio el Gobierno empleó cerrajeros para irrumpir en el edificio de la Corte Suprema y permitir a los jueces inconstitucionales que tomaran posesión de sus cargos. El fiscal general está programado para tomar posesión hasta septiembre.

En un intento de legitimar sus acciones, el Gobierno ha llevado el tema a la Corte Centroamericana de Justicia. Pero los opositores del Sr. Funes han sostenido que cualquiera sea la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, no tiene validez. La Constitución claramente establece que la Corte Suprema es el juez final.

Lo que debe interesar a la Administración Obama es la cantidad de prominentes personajes de la izquierda salvadoreña que están tratando de detener la destrucción de los pesos y contrapesos del país.

Entre los efemelenistas presionando a Funes está Facundo Guardado, un firmante de los Acuerdos de Paz de 1992. En una entrevista televisiva la semana pasada con el periodista Nacho Castillo, Guardado dijo que el partido está “tratando de imponer su voluntad a toda costa”.

En el diario La Página, Israel Serrano ilustró la posición de Guardado. Él “dijo que en su origen, debajo del conflicto institucional, está el temor de las élites políticas y económicas de un sistema de justicia independiente”.

Guardado no está solo. Otros líderes que han pasado décadas en la izquierda por las libertades civiles y la igualdad ante la ley, incluyendo a Roberto Rubio, Dagoberto Gutiérrez y Salvador Samayoa, comparten sus ideas, al igual que el prominente abogado constitucionalista Fabio Castillo. La principal universidad jesuita en el país, conocida por sus siglas UCA, y la Iglesia católica también se oponen a la interferencia del Gobierno con el sistema judicial.

Guardado ha advertido que los fondos de la Cuenta del Milenio están en riesgo si la Constitución no es respetada, y es sabido que Funes entiendo esto muy bien.

Pero, como el Sr. Facundo ha dicho, hay también sospechas acerca del compromiso del opositor partido ARENA con el imperio de la ley. Un acuerdo con su liderazgo que meramente se divide el botín entre las clases políticas difícilmente calificará como cumplimiento al imperio de la ley bajo los estándares de la MCC.

Para preservar el orden democrático, como el Sr. Facundo ha señalado, el Gobierno debe cumplir con las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Uno podría esperar que ARENA también insistiría en esto declarando que las resoluciones de la sala no son negociables y demandar el retiro del ilegalmente nombrado nuevo fiscal general.

Menos que eso significará el fin de los desembolsos, si Estados Unidos exige que se cumpla con los contratos. Hasta el momento Washington ha emitido solo comunicados débiles, pidiendo a los líderes trabajar en una solución.

La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, ha sido más directa. El viernes previno a los negociadores cumplir con la Constitución y aclaró que Estados Unidos no ha tomado, hasta el momento, ninguna decisión sobre el futuro de la cooperación con El Salvador. Este no es un enfrentamiento de la derecha e izquierda. Es una batalla entre aquellos que quieren preservar las instituciones y aquellos que han hecho del poder su máxima prioridad. Esperemos que el Sr. Obama se ponga del lado correcto de la pelea.

 

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Una versión de este artículo apareció publicada el 30 de julio de 2012, en la página A11 de la edición de Estados Unidos de The Wall Street Journal.