Ningún sistema político funciona si su cuerpo institucional no le da el debido sostén y la adecuada consistencia. Esto puede comprobarse con facilidad por la experiencia vivida en distintas sociedades, sean desarrolladas o no. Cuando la institucionalidad es fuerte, confiable y segura, la estabilidad y el desarrollo se hacen factibles; cuando la institucionalidad es frágil, sospechosa y tornadiza, las crisis afloran constantemente y ningún progreso encuentra asideros reales. Por todo lo anterior, se vuelve indispensable, en cualquier tiempo y lugar, crear y consolidar instituciones que no sólo le provean pilares firmes al sistema político sino que permitan que la ciudadanía se manifieste como factor determinante de la paz social y del desarrollo integral y equitativo.

Nuestro país, que carga un largo pasado de carencias e insuficiencias institucionales, ha logrado importantes mejoramientos al respecto en el transcurso de la posguerra, en la medida que la democratización ha venido desenvolviéndose entre obstáculos y resistencias, sobre todo de orden político; pero es claro que falta mucho por hacer para que nuestras instituciones, aun las básicas como son las que encarnan en los tres órganos fundamentales del Gobierno, puedan garantizar una dinámica de progreso que corresponda a los tiempos y a las necesidades de nuestra gente.

Resulta evidente que hay lucha política por el control de las instituciones más determinantes para el ejercicio del poder. Eso se ha visto, por ejemplo, en el ámbito electoral, donde se está necesitando un reciclaje de fondo de la institucionalidad establecida, para ponerla a la altura de la dinámica democrática en curso. Y en el plano partidario, ya se ha vuelto reiterada demanda la necesidad de contar con una legislación que regule las estructuras y los mecanismos de los partidos, de cara a una competitividad más previsible y a una competencia más acorde con lo que debe ser el juego normal de los actores políticos dentro de la democracia. Desde luego, la clave de la credibilidad institucional está en el respeto que deben guardarse los diversos entes que configuran la estructura del Estado. Dicho respeto implica que cada quien pueda ejercer libremente sus respectivas atribuciones y responsabilidades, sin interferencia de los otros. Lo que nuestra Constitución establece al respecto es libertad con colaboración. Y eso requiere que cada entidad institucional asuma sus facultades propias y reconozca los límites de su campo de acción. El llamado “choque de poderes” que se ha dado en el ambiente nacional ha sido producto, justamente, de sobrepasar facultades y transgredir límites. Necesitamos, pues, que nuestra institucionalidad, y sobre todo aquéllos que conducen los destinos institucionales en cada momento sucesivo, se posesionen a cabalidad, y sin extravíos ególatras ni sujeción a otros intereses, del rol que les corresponde. En esto cuenta mucho la educación democratizadora que los distintos entes instituciones y los respectivos conductores y responsables de los mismos vayan asimilando y poniendo en práctica, a partir de las enseñanzas provenientes de la realidad misma. Ahora lo estamos viendo: la impunidad institucional, que tuvo carta blanca en el pasado, ya no puede imponerse como antes.

Es muy importante reconocer y asumir lecciones de la experiencia, que siempre es la mejor escuela para todo. En este caso, las instituciones nacionales están en el imperioso e insoslayable deber de ordenar todos sus comportamientos, para que el país pueda avanzar de veras.