La palabra negociación es común entre los actores político-partidarios. Todo quieren negociarlo, y con la apropiación de este vocablo y la consecuente actitud siempre están intercambiando para sacar beneficios particulares.

Tan ejemplar es el estilo partidario, convertido en sinónimo de demanda y exigencia, que se ha generalizado. Los de Salud, los de Educación y los de Hacienda son los que se han tomado la primera plana. No faltan los comerciantes del centro, los lisiados de guerra y cualquiera a quien se le ocurre que su interés, necesidad o conveniencia es la que debe prevalecer. Negociar se ha convertido en sinónimo de imponer y someter. Y con esto, ningún respeto a la ley prevalece. Y con esto, ninguna credibilidad institucional puede emerger ni mucho menos consolidarse. Así de sencillo.

¿Cuáles son las causas del conflicto institucional que ha ocupado el tiempo y la energía? El desacato de los fallos de la Sala de lo Constitucional y el consecuente irrespeto a las disposiciones de la Constitución de la República, especialmente al artículo 183. Dijo el senador Patrick Leahy el 30 de julio: “Algunas veces estoy de acuerdo con las decisiones de nuestra Suprema Corte (Sala de lo Constitucional) y otras no. Pero cumplimos con sus decisiones porque sabemos que la alternativa es el caos y la erosión de los pesos y contrapesos que protegen nuestra democracia de 226 años”.

¿Y cuáles son las consecuencias del incumplimiento a escala nacional? Se irrespetó la separación de poderes a pesar de que la Constitución claramente delimita los espacios, se crearon espacios y justificaciones para la usurpación de funciones públicas, se crearon condiciones para la ilegalidad, se demostró la intención y la decisión de funcionarios públicos de someter la soberanía nacional a instituciones centroamericanas que nada tienen que ver en nuestro espacio, se hizo lo suficiente para contribuir al desorden y la desobediencia institucionales con los consecuentes efectos en la inversión y el empleo. Y a escala internacional, se ha afectado la credibilidad y el respeto al país y a sus funcionarios con el consecuente desprestigio por la evidente cultura de irrespeto a la ley y al Estado de Derecho.

¿Quién nos va a creer que somos un país serio? ¿Quién nos va a creer que somos un país confiable? La mayor parte del pueblo salvadoreño es gente de trabajo, de orden, de respeto y de espíritu democrático. Pero los “delegados” del pueblo, esos funcionarios públicos que han generado el caos y el desorden con acciones y omisiones, comunican al mundo todo lo contrario. El honor y la imagen de país han sido profundamente afectados por los protagonistas de la alianza partidaria que dio un golpe a la soberanía del Estado y un golpe a nuestro sistema republicano, democrático y representativo de gobierno.

Todos los ciudadanos debemos tener claro que esto es lo que hemos vivido a causa de ambiciones personales desmedidas. Y es así, aunque los funcionarios quieran explicarle al mundo lo inexplicable e injustificable. El presidente de la República por mandato constitucional está obligado a “cumplir y a hacer cumplir la Constitución, a mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del territorio, a proporcionar a los funcionarios del orden judicial los auxilios que necesiten para hacer efectivas sus providencias, a procurar la armonía social y conservar la paz y la tranquilidad interiores, y también debe dirigir las relaciones exteriores”. Se ha descrito como mediador o facilitador para resolver el conflicto que voluntaria e intencionalmente han generado, aunque no deja de demostrar que también es negociador.

En la carta de compromiso que suscribió en conjunto con los partidos políticos, se plantea el objetivo de “normalizar” el funcionamiento del sistema de administración de justicia. La normalización es insuficiente porque nada y nadie volverá a la normalidad. Todos nos hemos dado cuenta de que allí se necesitan transformaciones profundas porque el caos institucional generado por estos “líderes” partidarios no debe repetirse.

Por esto destaco el compromiso que se plantea en la misma carta, el de “generar cambios que fortalezcan el orden democrático y el Estado de Derecho (según lo establecido en el artículo 248) garantizando que cada órgano de Gobierno actúa dentro del ejercicio de sus respectivas competencias”. Y para esto, no deben levantarse de la mesa hasta resolver las causas del problema.