Este hecho era cíclico sin que se hayan concebido e implementado políticas a fin de incentivar la empresa privada que genera empleos, permitiendo el bienestar familiar y el progreso de la patria.
En la década de los setenta la población campesina constituía el 60%, formada en su mayoría por analfabetas que se ganaban la vida trabajando en actividades agrícolas y pecuarias.
Evidentemente conformaban el segmento poblacional más vulnerable de la sociedad. La agudización de los problemas sociopolíticos en que estaba inmersa la patria no permitía a los empresarios garantías para sus inversiones. El gobierno de turno, dada la anarquía existente, tomó la decisión de abandonar la agricultura a pesar de ser la principal fuente de divisas de que disponía. Este hecho provocó abandonar masiva y desordenadamente a la patria por los trabajadores del campo.
En América del Norte los trabajos manuales son relativamente bien remunerados, permitiéndoles enviar recursos a sus familias. Estos fueron incrementándose hasta constituir la principal fuente de divisas del país.
No obstante, la emigración trajo muchos efectos negativos, entre ellos la desintegración de la familia, especialmente para las nuevas generaciones.
Las importaciones masivas de alimentos constituyen fuga de divisas que laceran la economía volviendo al país vulnerable y dependiente, de ahí que producir los alimentos es un imperativo de soberanía. Sin embargo, antes es preciso corregir los errores del pasado, hechos en nombre del dios dólar, olvidando los intereses de las mayoría que juraron proteger.
Para proyectar el desarrollo rural tiene que comenzarse por diseñar una ley sobre la protección del territorio agrícola. Aquí no se permitirían actividades ajenas al sector productivo.
En artículos anteriores explicaba que Quebec, Canadá, tiene un área de 1,600,000 km². El gobierno, en la década de los setenta, estimó prudente controlar el apetito de la empresa privada, delimitando su accionar como lo hacen los gobiernos que administran en función de las mayorías.
Las autoridades salvadoreñas como siempre hacen lecturas diferentes. Tenemos en el caso a Zapotitán con potencial productivo, infraestructura de riego, próxima al principal centro de consumo, actualmente se halla convertido en colonias y fábricas.
Otro recurso que se extingue es el agua, no hay tiempo que perder ni razón de lamentarse por la falta del preciado líquido. Es el momento de tomar las decisiones que se imponen evitando convertir al país en desierto.
La descontaminación de los ríos es una prioridad sin discusión; proteger las cuencas cultivando especies forestales nativas es impostergable. Una muestra más de la irresponsabilidad de las autoridades es el río Grande de San Miguel.
Honestamente es difícil aceptar que se haya autorizado lotificar y encementar parte del río, donde el sentido común exige plantar árboles a fin de proteger el volumen de sus aguas que constituyen un preciado recurso. Las consecuencias no se hacen esperar, el que fue río grande de San Miguel actualmente se ha convertido en un riachuelo. No actuar es como encontrar al diablo y no persignarse.
Presidente Mauricio Funes: como salvadoreño debo informarle que los recursos tierra-agua constituyen el principio de vida para plantas y animales, y que proteger este binomio sería el legado más valioso que pueda dejar a las actuales y futuras generaciones.