Las distorsionadas formas de conducta política que se fueron asentando en el ambiente durante la prolongada época en que predominó el autoritarismo sin mayores resistencias hicieron que el ejercicio del poder se alejara progresivamente de la realidad. Ese alejamiento, tan perjudicial para el sistema de vida y para la vida misma de los salvadoreños, es lo que hoy va corrigiendo la democratización, con grandes dificultades y en un proceso que requiere mucho empeño y mucha paciencia. Esto lo vemos y lo padecemos en el día a día, a veces con gran dramatismo, como se ha visto en estos días con el llamado “conflicto de poderes”.

Los procesos evolutivos tienen su propia lógica interna, que está más allá de las voluntades individuales o de grupo; y el despliegue de esa lógica es el que de seguro nos ha llevado a esta prueba institucional, que se ha manifestado en forma tan traumática. Pero vistas las cosas con la serenidad analítica que siempre corresponde a la actitud más aconsejable, de aquí en adelante nuestro proceso podría quedar mejor resguardado para no llegar a extremos que puedan ponerlo en riesgo. Hay que tener presente, en todo momento, que la democracia nunca está segura del todo, y que las debidas vigilancias protectoras siempre son necesarias.

Tenemos que racionalizar muchas cosas en el país, y, entre ellas, una fundamental: la política no lo es todo, y los políticos no pueden hacerlo todo, mucho menos cuando tienden a decantarse por sus propios intereses en detrimento del interés general. Lograr la definición y el respeto de tales límites implica que nadie, independientemente del poder o de la influencia que se tenga, pueda colocarse por encima o al margen de la ley y del orden que ésta determina. Se trata de garantizar la disciplina de las conductas públicas y privadas, en las variadas y diversas expresiones de éstas. Ese es un punto decisivo para la buena marcha del proceso nacional.

Lo que más perjudica a la democracia es que no operen los controles que deben regir el comportamiento de todos los actores nacionales; y lo que más beneficia a la democracia es que dichos actores sometan sus respectivas conductas al imperio de la razón y de la ley. El análisis desapasionado de los trastornos que más conflictúan nuestra realidad muestra inequívocamente que éstos en gran medida derivan de que aquéllos que, desde las diversas posiciones de poder, están llamados a dar el ejemplo del respeto, de la sensatez y del equilibrio, no lo hacen. Esto hay que tenerlo muy claro, para promover los correctivos eficaces.

La ciudadanía se impacienta y hasta se indigna por los abusos que trastornan la institucionalidad y que desquician el sistema de vida, pero la impaciencia no basta y la indignación no pasa de ser una expresión de descontento; lo que se requiere es que la ciudadanía manifieste sus energías de manera coherente e independiente, para mover a todas las fuerzas nacionales organizadas hacia la sana y constructiva cooperación entre sí. El proceso nacional ha llegado a una fase en la que el sentir ciudadano va ganando cada vez más peso e influencia, y ese es el verdadero cambio en comparación con lo que ocurría en épocas anteriores, cada vez más superadas. Las fuerzas nacionales tienen que interactuar de manera positiva y progresista. Esto no responde al voluntarismo de nadie en particular, sino a la dinámica propia de los tiempos. No hacerlo es contradecir la dinámica del proceso en el que todos, inevitablemente, nos hallamos inmersos.