La teoría de la separación de poderes de Montesquieu representa en la actualidad uno de los principales pilares de una democracia. Dicho esquema es, esencialmente, una ordenación y distribución de las funciones del Estado y sirve para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema.

Los constitucionalistas anglosajones atribuyen el origen de esta idea a las luchas entre la monarquía y el parlamento en las guerras civiles inglesas del siglo XVII. Un siglo después, Montesquieu realizó la formulación teórica de lo que los ingleses habían aplicado en la práctica en el siglo anterior.

La separación de poderes se cimienta en un sistema de controles y contrapesos que consisten en varias reglas procedimentales que permiten que los poderes ejerzan contrapesos respecto a los demás. En un sistema presidencialista, por ejemplo, el veto presidencial es el contrapeso que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo.

Cada país emplea sus propios mecanismos de pesos y contrapesos. Cuanto más se aproxima un país a un sistema presidencialista, más pesos y contrapesos existirán entre las distintas ramas del poder. Esto implica que cada poder del Estado debe asumir la separación e independencia del resto de poderes para lograr que el Estado funcione de manera no arbitraria, y por ende, más acorde a sus asignaciones y mandato constitucional.

En El Salvador, ese no ha sido el caso, ni por cerca. La historia salvadoreña de la posguerra está llena de casos en que, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, han manipulado a su antojo al Poder Judicial. La elección de magistrados de la CSJ, por ejemplo, ha obedecido a agendas partidarias y a intereses particulares.

Como resultado, las sentencias de la CSJ, sobre todo en materia constitucional, han respondido a intereses político-partidarios o a intereses económicos de los sectores más poderosos del país. No fue sino hasta hace poco que la historia comenzó a dar un giro positivo y esperanzador.

Las sentencias de la Sala de lo Constitucional de los últimos dos años –sin dudas, la CSJ más independiente de la historia reciente– incomodaron a muchos intereses poderosos. Pero fue la clase política la que más sufrió la sacudida. Como tal, la clase política, toda, ha actuado para detener o revertir los cambios propiciados por los indomables magistrados.

A la vez, se ha dado un despertar de la opinión pública en reconocimiento de las valientes decisiones de la Sala de lo Constitucional. Dichas voces se han manifestado a favor del Estado de Derecho, a pesar de que entre ellos hay quienes se venden como “demócratas” cuando en realidad no lo son.

Respecto a los últimos acontecimientos en torno a la CSJ, es evidente que ninguno de los partidos políticos está realmente interesado en defender la independencia y separación de poderes. Eso se ha observado con claridad en los últimos días.

Los partidos políticos están “negociando” para sacar provecho de la crisis y llevar agua para su molino. Lo único que les interesa es una CSJ supeditada a sus intereses, que puedan seguir instrumentalizando para sus propios beneficios.