Los días transcurren y las prolongadas reuniones que ocupan recursos, tiempo y esfuerzo que debería estarse canalizando en otros menesteres, no conducen a ningún lado.

Algunos partidos políticos parecen no darle importancia a las reuniones que se están sosteniendo, al grado tal que ni siquiera se dignan a mantener a los mismos interlocutores, con lo cual no hay que especular demasiado para saber que cada vez que hay una nueva convocatoria, las discusiones deben iniciarse desde el principio para enterar a los que se incorporan. El principal promotor de la desobediencia hasta ha preferido ausentarse del país y atender otros asuntos antes de participar de manera permanente en las discusiones. No queremos pecar de pesimistas, pero está quedando claro que este desinterés no ocurre por mero accidente sino como parte de una bien definida –aunque equivocada– estrategia: esperar el resultado de lo que resuelva la Corte Centroamericana de Justicia. Y es que de existir una genuina voluntad de solucionar esta crisis, no habría sido necesario celebrar más de dos o a lo sumo tres reuniones.

Es desesperanzador que mientras se pregona que los partidos políticos están haciendo su mejor esfuerzo por resolver la crisis, la misma Asamblea Legislativa, o más bien su presidente, se den a la tarea de gastar importantes recursos del Estado en difundir comunicados en los que infructuosamente se intenta justificar su desobediencia.

Lo peor de estos esfuerzos es que con toda premeditación y alevosía se mandan mensajes engañosos a la población, diciendo que se ha acudido a la Corte Centroamericana porque los tratados prevalecen sobre la ley.

Lo que no dice la Asamblea en esos comunicados es que no estamos en presencia de un conflicto entre una norma contenida en una ley y lo dispuesto por un Tratado Internacional, por lo que no cabe invocar la innegable primacía de los Tratados en esos supuestos; es más, en realidad ni siquiera estamos hablando de un conflicto entre normas. En realidad lo que existe es una disposición de rango constitucional (el art. 183) que dice que la única autoridad que puede decidir la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos es la Sala de lo Constitucional, agregando que sus decisiones son de carácter general y obligatorio.

No existe ningún Tratado suscrito por El Salvador que atribuya esta función a otro Órgano o institución, por lo que no hay ningún conflicto de normas; pero si lo hubiere –que no es el caso– todos sabemos que de todas maneras la Constitución prevalecería sobre cualquier ley o Tratado que la contradijera.

En similar sentido, es desalentador que durante su reciente viaje, precisamente a Nicaragua, el presidente de la República insista en reconocer la competencia de la Corte Centroamericana para resolver un asunto que solo a nosotros compete. Su rol de mediador queda en entredicho con semejantes afirmaciones, y la incapacidad de sus asesores legales queda una vez más al descubierto.

Aún no se sabe hasta cuándo seguirán discutiendo los partidos políticos ni mucho menos se sabe si efectivamente arribarán a un acuerdo legítimo.

Es hora pues, de tomarle la palabra al abogado Ovidio Bonilla y exigirle que dé muestras evidentes de la honorabilidad e independencia que auto-proclama, por lo que le contestamos: Sí, Dr. Ovidio Bonilla... que usted se haga a un lado junto con el resto de profesionales que ahora usurpan la Corte, sin duda alguna contribuiría a retornar a la normalidad... ¡hágalo!