La crisis institucional desatada en abril pasado, y que por consiguiente ya lleva cuatro meses sin resolverse y haciendo estragos en el funcionamiento público y en nuestra imagen internacional, ha venido a poner en dramática evidencia que en el ambiente político hay tenaces resistencias a modificar comportamientos del pasado y a entrar en una fase de naturalidad democrática, en la que los entendimientos entre fuerzas diferentes y aun contrarias son realidades del día a día. Es entendible que llegar a ese estado de conductas políticas razonables y funcionales sea tarea progresiva, pero lo que se espera es que se vayan viendo resultados en el camino.

La alternancia en el ejercicio del poder político es un momento de aprendizaje muy especial en cualquier democracia activa, sobre todo cuando se está en las primeras etapas de la misma, como es nuestro caso; y lo primero que se nota al respecto es la fuerza de los vicios acumulados. Se quiere seguir actuando conforme a un justificativo insostenible: “Si otros lo hicieron antes, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora nosotros?” Es curioso cómo hay un calco casi perfecto de las alianzas interpartidarias que en el pasado se impusieron y que hoy buscan imponerse de la misma forma. Pero eso es lo que ya no puede hacerse valer, porque la alternancia es una escuela para todos: para lo que antes hicieron lo que no debieron hacer y para los que hoy deben hacer las cosas de manera diferente.

En cuanto a la crisis institucional aludida, las cosas se enredaron desde un principio, porque no se trataba simplemente de ejercer una atribución legislativa fuera de tiempo, como después lo declaró la Sala de lo Constitucional, sino de hacerlo con un propósito notorio: alterar la composición de la Sala y repartirse posiciones dentro de la Corte y fuera de ello entre los partidos que participaron en el arreglo. De ahí que reordenar las cosas esté resultando tan difícil: porque aparte de reconocer que no se actuó conforme a Derecho hay importantes intereses en juego.

Para resolver esta maraña tendría que ponerse mucha inteligencia estratégica, de tal manera que la compostura del entuerto contenga los elementos siguientes: salvaguardar la institucionalidad jurídica, asegurar sanos equilibrios dentro de la Corte y hacer posible que todos los actores políticos puedan asimilar la solución de manera normal, sin sentir que nadie salió con el brazo torcido. Todo esto es factible dentro de una negociación que sea llevada en forma dinámica y creativa, a fin de ir venciendo resistencias por el mismo impulso de los argumentos y posiciones que puedan ir articulándose en la mesa. Y, en este caso, habría que pasar, sin desarticular el esquema actual, a un ejercicio de entendimientos directos entre las dos fuerzas políticas principales –el FMLN y ARENA–, que sólo juntos pueden hacer mayoría calificada, les guste o no.

Sería muy útil y saludable para nuestro proceso democratizador que la prueba presente tuviera un desenlace constructivo y aleccionador. Dentro de un proceso, nada surge porque sí; y, a estas alturas, de seguro estábamos necesitando este examen de racionalidad y de viabilidad. No es, pues, una situación casual: tiene sentido demostrativo. Si este incidente tan desafortunado se desenlaza bien, ganare mos todos en beneficio de la estabilidad y del avance institucional y estructural; si se desenlaza de manera equívoca o equivocada, quedará demostrado que falta mucha consistencia política en los distintos niveles del quehacer nacional. Estemos atentos.