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Y decimos que esto era de esperarse, porque la parcialidad y la indecencia de los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia quedó en evidencia desde sus primeras actuaciones, cuando apresuradamente y desconociendo la falta de legitimidad con que actúa el demandante, el presidente de la Asamblea, se declararon competentes para conocer de la demanda interpuesta por la Asamblea Legislativa, pretendiendo suspender los efectos de las decisiones de nuestro máximo tribunal de justicia, y cuando más adelante decidieron excluir las intervenciones de terceros que abogaban por el respeto a nuestra soberanía.
Para llegar a su nefasta conclusión, los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia no solo ignoraron las voces de quienes clamaban por el respeto a nuestra Constitución, sino que además, con manifiesta complicidad, admitieron la intromisión de otro tercero; nos referimos, como es evidente, a la triste intervención del abogado Ovidio Bonilla, quien con descaro se atrevió a presentarse ante el tribunal regional, allanándose a las pretensiones de sus patrocinadores y protectores. Pero ante esta adversidad, que de todas maneras ya estaba anunciada, cabe rescatar la reacción generalizada de la ciudadanía, que ahora, mucho más consciente de lo que está en juego, anuncia con convicción que no renunciará a ejercer sus derechos, que no permitirá que se ponga en entredicho nuestra soberanía y que no cesará en su esfuerzo por que se respete nuestra Constitución. Si algo ha provocado esta infausta resolución es que la ciudadanía cierre filas y se muestre dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias antes de permitir que extraños vulneren nuestra soberanía y nuestro ordenamiento jurídico.
Es triste decirlo, pero la verdad es que no cabe duda de que con esta resolución, la Corte Centroamericana ha labrado su propio destierro y que, más temprano que tarde, las instituciones del Sistema de Integración Centroamericana y sus consiguientes atribuciones afrontarán una exhaustiva revisión por parte de los países que aún mantenían la esperanza de que estas sirvieran a sus propósitos originales. El daño que causa esta resolución trasciende al problema que ahora nos ocupa y pone en grave riesgo el tan ansiado objetivo unionista.
Con todo y ello, está claro que en El Salvador no vamos a permitir que se repita lo acontecido en otros países latinoamericanos, en donde hemos visto cómo se echa al trasto la tan necesaria separación de poderes y atribuciones. Los diputados de la Asamblea Legislativa deben entender, que no vamos a permitir, cueste lo que cueste, que el Órgano Judicial esté presidido por personas que hayan dado incontestables muestras de obedecer lineamientos partidarios; lo que queremos y necesitamos es una Corte Suprema de Justicia conformada por hombres y mujeres imparciales, capaces, probos y ajenos a intereses políticos.
Los promotores de esta crisis no pueden perder de vista que nuestra Constitución reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, cuando esta se realiza con el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o cuando ocurre por graves violaciones a los derechos consagrados en la misma Constitución. A la fecha de redacción de este artículo, las negociaciones entre los partidos continuaban, por lo que no resulta impropio reiterar el llamado a todos los partidos políticos para que piensen en el país y resuelvan, de una vez por todas, esta crisis, reconociendo la primacía de nuestra Constitución.