Salió por fin humo blanco del recinto de Casa Presidencial en que se venían realizando las negociaciones interpartidarias para encontrarle una salida definitiva al conflicto resultante del enfrentamiento entre las posiciones de un agrupamiento mayoritario de la Asamblea Legislativa y algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional. El tema de fondo era la composición de dicha Sala, como se vio a lo largo del accidentado desenvolvimiento del conflicto, que llegó, por recurso de la Asamblea, hasta la Corte Centroamericana de Justicia, que demostró, en el curso de su actuación al respecto, que todos los señalamientos que la cuestionan son más que merecidos.

El primer punto que hay que destacar, una vez que este penoso y peligroso incidente ha quedado resuelto, es que hay cosas que se pudieron hacer en el pasado pero que ya no se pueden seguir haciendo en el presente. La realidad evolutiva de nuestro proceso se impuso en definitiva sobre las maniobras para salvaguardar intereses por encima de la legalidad establecida. Y esto hay que valorarlo en lo que tiene de sintomático para la normalidad institucional del país.

Hoy queda claro y reconocido que las sentencias de la justicia constitucional son inapelables. Queda claro también que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no son removibles a otras Salas. Y a la vez queda claro que una legislatura no puede arrogarse la sustitución de la correlación de fuerzas que debe operar, conforme a los resultados electorales correspondientes, en la siguiente legislatura. En otras palabras: lo fundamental que estaba en cuestión ha recibido el espaldarazo de la realidad jurídica y política, más allá de los intereses de las fuerzas partidarias en juego y en competencia. Todo esto es un notorio aporte a la consolidación del Estado de Derecho, independientemente de los juicios que puedan surgir –y que son legítimos como tales– sobre los puntos más concretos y personalizados de la solución lograda.

Como decíamos en Editorial anterior, lo peor que hubiera podido resultar de esta experiencia tan traumática era que quedara abierta la posibilidad de cuestionar institucionalmente las decisiones de la justicia constitucional, porque entonces la seguridad jurídica quedaba literalmente en el aire, con todas las consecuencias nefastas para el país, para su imagen y para su proceso. No ha sido así, afortunadamente, y es de tenerlo muy en cuenta por parte de todos.

Ahora, al abrirse el nuevo capítulo de las relaciones entre los órganos fundamentales del Gobierno, no sólo será oportuno entrar en el análisis de lo que hay que reformar legalmente para que trastornos como el aludido no vuelvan a desatarse, sino también –y muy decisivamente– en una consideración mucho más responsable de la forma en que cada uno de dichos órganos ejerce sus atribuciones, comenzando por la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de su Sala de lo Constitucional. El factor clave, como lo venimos señalando insistentemente, es el autocontrol. Que nadie se dispare: que todos actúen con la mesura propia del buen accionar democrático.

En resumen, si hay aquí un ganador es la racionalidad que va de la mano con la realidad. Hay que darle más seguimiento a la conducta de los entes políticos –tanto gubernamentales como partidarios– de aquí en adelante. En buena medida, las cosas han podido llegar a este punto de desenlace por la fuerza del sentir ciudadano. Es otra demostración de energía democrática, que hay que destacar en lo que vale, en lo que representa y en lo que proyecta.