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Los problemas han ido de menos a más graves en las tres últimas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En abril de 2006, la legislatura que ya había elegido a un tercio de los magistrados al inicio de su período eligió un segundo tercio antes de finalizar. En 2009, la elección se retrasó varias semanas y los partidos necesitaron la mediación del presidente de la República para llegar a un acuerdo. La legislatura 2009-2012 hizo precipitadamente, al final de su período, lo mismo que había hecho la legislatura 2003-2006, elegir a un segundo tercio de magistrados, dejando fuera de la jugada a la legislatura 2012-2015, que estaba por instalarse.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ invalidó la elección de magistrados generación 2006-2015 y la generación 2012-2021. La actual Asamblea Legislativa encontró razones para cuestionar también la legalidad de los magistrados generación 2009-2018, la cual incluye a los cuatro magistrados que declararon inconstitucional las otras dos elecciones. Esas sentencias y el desacato a las mismas por parte de la Asamblea Legislativa configuraron la crisis institucional que enfrentó a dos órganos fundamentales del Estado y mantuvo en vilo a toda la sociedad durante varias semanas, hasta que los partidos políticos alcanzaron un acuerdo para superar el impasse el domingo recién pasado en la madrugada.
Por ahora, se ha resuelto un grave problema que ocasionó enorme desgaste y recalentamiento del sistema político, pero quedan intactas las raíces del mal. A las inmediatas, los partidos con representación en la Asamblea Legislativa deberán retomar el problema de la elección del fiscal general, también realizada anticipadamente por la legislatura 2009-2012 y también declarada inconstitucional por la CSJ mediante su Sala de lo Constitucional.
Se ha vuelto, pues, recurrente el problema de las elecciones de segundo grado en la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos se han mostrado incapaces de lograr o siquiera intentar el diálogo y la flexibilidad necesarios para tomar decisiones por mayoría calificada. En vez de realizar ese esfuerzo, sucumben a la tentación de tratar de imponerse unos a otros en luchas sectarias de poder que los distancian cada vez más de las aspiraciones de la sociedad, llegando algunos de ellos al extremo de violentar el Estado de Derecho y deteriorar significativamente las condiciones que requieren la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico y social.
En la actuación de los partidos políticos hay una mezcla de intereses mezquinos, revanchas, resentimientos personales, ideologías antidemocráticas y ambiciones desmedidas de control del aparato estatal para asegurarse prerrogativas e impunidad. Con honrosas excepciones, la clase política salvadoreña se muestra cada vez más cínica y corrupta. Los partidos que originalmente fueron conducidos por dirigentes con ideas e ideales responden cada vez más a motivaciones de lucro y se vuelven cada vez más proclives a los abusos de poder. Ese es el principal trasfondo de la crisis institucional que hemos vivido durante los últimos meses.
Y lo peor de todo es que esos abusos de poder empiezan a volcarse directamente en contra de los ciudadanos, persiguiendo y difamando a los que oponen resistencia, a los que intentan articular un movimiento para la defensa de la institucionalidad democrática. Cierto es que en todas las iniciativas de este tipo algunos de los involucrados tienen, en menor o mayor medida, intereses o motivaciones políticas; pero ello no justifica el cuestionamiento indiscriminado de la legitimidad de las acciones de la sociedad civil y, menos todavía, la agresividad de algunos funcionarios y dirigentes partidarios hacia ciertas organizaciones y personas.
De la crisis que hemos vivido debemos sacar lecciones y reconocer, aunque sea privadamente, las malas actuaciones propias, no solo las ajenas. También, con sentido práctico, debemos iniciar un debate amplio y desapasionado sobre reformas jurídicas que reducirían los márgenes de probabilidad de que ocurran sucesos indeseables para el país.
Una de esas reformas debe darse en los criterios y procedimientos para la selección de los candidatos a magistrado, fiscal y otros cargos. En la medida en que funcionen bien esos filtros previos, se reducirá la conflictividad en el seno de la Asamblea Legislativa y los partidos se sentirán menos tentados a pujar por candidatos que les sean más fieles a ellos que al país.