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El símbolo de esa época fue Maximiliano Hernández Martínez, quien obtuvo la presidencia vía golpe de Estado, gobernó 13 años (1931-1944), dirigió la matanza de miles de indígenas en 1932, creó el Banco Central de Reserva y declaró la moratoria de la deuda externa. Luego intentó subir impuestos y rompió con la oligarquía. Los militares inconformes se alzaron y la población se rebeló en una huelga de brazos caídos.
La alianza entre militares y oligarcas se plasmó en el PRUD, llevando a la presidencia a los militares Óscar Osorio 1950-1956 y José María Lemus 1956-1960. Hubo golpes de Estado. Después se fundó el PCN y postuló al coronel Julio Rivera 1962-1967, mandatario que se adhirió a la Alianza para el Progreso que impulsaba EUA para contrarrestar a los simpatizantes de la revolución cubana. Se dinamizó la industrialización, creció San Salvador.
Los recurrentes fraudes electorales cerraron los espacios políticos y la lucha social provocó la caída del último presidente militar, el general Carlos Humberto Romero, 1979. Luego de una efímera Junta Cívico-Militar gobernó el PDC, quien con apoyo de EUA implementó varias reformas para frenar el avance subversivo, pero no se logró detener la guerra civil 1980-1992.
El derrumbe de la URSS (1989) favoreció que GOES y FMLN firmaran el Acuerdo de Paz 1992. ARENA se afianzó en el gobierno e implementó políticas públicas promovidas por las instituciones financieras internacionales al final del siglo XX e inicio del siglo XXI, las cuales tropiezan y ponen de rodillas al país ante la criminalidad y homicidios.
Una cosa es clara, El Salvador del siglo XX es diferente al del siglo XXI. Su población es urbana (66%); su economía es terciaria y remesera: 70% de las divisas son generadas por 2.5 millones de compatriotas que viven en el exterior (25% de la población); y la violencia social y el crimen organizado se han expandido.
En este contexto, se da la primera alternabilidad en la presidencia de la República en 2009 y se crean grandes expectativas. No obstante, el verdadero cambio se genera con la primera Sala de lo Constitucional independiente. Prueba de ello es que al emitir sentencias tendientes a democratizar el sistema político se convierte en una amenaza para el estatus quo. Se produce, entonces, la mayor crisis institucional contemporánea.
Al pretender no acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la aritmética legislativa hace reaccionar a sectores internos y externos; por ejemplo, se delibera sobre la continuidad de la ayuda norteamericana (Visas, FOMILENIO, Socios para el Crecimiento y más). Este escenario proyecta a El Salvador como un país vagón, al colocar su futuro en la siguiente disyuntiva: seguir hacia el Norte (EUA) o girar al Sur (Venezuela).
Ayer y hoy, los dirigentes y partidos políticos se han distanciado del pueblo salvadoreño en su afán de controlar el aparato estatal. Esa forma de gobernar ha obstaculizado la descentralización económica y estatal. Consecuentemente, la localización (apertura interna) es una de las llaves para democratizar el país.