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También es indispensable para formar profesionales con la competencia necesaria para presentar soluciones a problemas comunes, como prevención y tratamiento de enfermedades, protección ambiental y desarrollo de infraestructuras.
En nuestro país existen barreras que han obstaculizado la educación superior: la falta de visión futurista gubernamental, la percepción infundada de visualizar al profesional con educación superior como un enemigo potencial del sistema político-económico, las constantes restricciones presupuestarias para nuestras instituciones de educación superior, las cuales han interferido con la contratación y retención de personal docente de excelente calidad académica.
La educación superior debe anclarse en un sistema verificable por el gobierno central, educadores, industria, estudiantes y otros interesados. Una visión común generará recomendaciones compatibles con nuestra sociedad. Además, el sector público deberá participar en la supervisión de instituciones privadas para estimular la competencia académica. Instituciones de enseñanza superior deberán trabajar en estrecha colaboración con el gobierno central para mejorar la calidad de la educación secundaria y así ofrecer mejor preparación a futuros estudiantes universitarios.
La infraestructura educativa superior necesita modernizarse (computadoras, acceso a internet, laboratorios científicos, etcétera) y expandir la infraestructura tradicional (bibliotecas, salas de clases, dormitorios estudiantiles e instalaciones recreativas), contratar y retener al personal docente calificado y aumentar el acceso de la población pobre a la educación superior. Las universidades deberán mejorar programas académicos existentes y crear nuevos programas que llenen las demandas actuales para iniciar y mantener nuestro desarrollo.
El gobierno central deberá promover la educación superior masiva, apoyar las ciencias naturales y la preservación cultural, implementar regulaciones estrictas para la acreditación de instituciones de enseñanza superior, además de generar y difundir información objetiva sobre diferentes instituciones y programas de educación superior disponibles. El gobierno central también deberá proteger las universidades como medios donde temas diversos puedan ser discutidos libremente, invertir en recursos educativos de uso común accesibles a todos los estudiantes de distintas instituciones que no los ofrezcan, motivar al sector privado para obtener excelencia académica y evitar abusos y patrocinar intercambio de estudiantes y profesores con otros países.
Muchos proyectos fracasan porque no incluyen las partes interesadas en la discusión y porque no son prácticos. Es imperativo que el Gobierno, universidades y donantes privados nacionales e internacionales comiencen a trabajar juntos para mejorar nuestra educación superior y así podamos participar en el concierto de las naciones desarrolladas, donde el director siempre ha sido la educación superior.