Estas van desde la satisfacción por su desenlace, pasando por la descalificación de un proceso de negociación que no era necesario, hasta la idea de que ciertamente se le encontró una salida al “impasse”, pero que de ninguna manera constituye una solución para el problema de fondo.

 

Por lo que ha trascendido, Aliados por la Democracia e IIDC, como organizaciones que tuvieron un protagonismo crucial en el debate, se dan por satisfechas con el acuerdo alcanzado, en particular porque en su opinión se le dio cumplimiento al fallo de la Sala de lo Constitucional. La permanencia en esta instancia de los cuatro magistrados que le dieron un giro a la justicia constitucional sin duda está presente en esa posición, y lo que parece también positivo es que no hacen un cuestionamiento directo al ungido como nuevo presidente de la sala y, consecuentemente, de las otras instancias que lo conforman.

 

Lo que se trató de un ejercicio que resultó sumamente desgastante para los resultados obtenidos se vuelve una cuestión muy relativa en un contexto donde las distintas fuerzas políticas pasan por un período de reacomodo. Lo insano del conflicto es la bajeza, el cinismo, el revanchismo y sobre todo lo que subyace en la estrategia que montaron el FMLN, GANA, CN y PES, desde el momento que se valieron de que tenían la mayoría calificada en la anterior legislatura, para tratar de tomarse prácticamente el Órgano Judicial. Esto les permitía ejercer un poder virtualmente sin límites.

 

Y es alrededor de este último punto que se agrupan aquellos que piensan que el arreglo a que llegaron los partidos con la mediación del presidente Funes, es solo una especie de parche para un mal que tiene raíces profundas.

El simple hecho de que se mantenga una comisión conformada por personajes que no gozan de la confianza de la ciudadanía para seguir hurgando en la vida privada de dos magistrados que ya fueron aceptados dentro del arreglo en CAPRES y que por un mero capricho —aunque respaldado por un decreto espurio— de los mismos partidos pretendan humillar al doctor Jaime levantando la mano ya dice mucho de que la inquina persiste, que hay un enorme sedimento de odio disfrazado de legalidad o cuando menos de revanchismo, que pueden mantener tensas las relaciones, ahora sí, entre dos órganos del Estado.

 

Quizás como uno de los subproductos más importantes del acuerdo alcanzado, es que con este implícitamente se desconoció la jurisdicción de la Corte de Managua. Como se dice en buen salvadoreño, este organismo regional, que aporta poco o nada al sistema de integración, fue ninguneado.

Probablemente en la mente de sus magistrados estaba la idea de que interviniendo en el conflicto, por solicitud de cuatro partidos ahora muy cuestionados por comprometer nuestra soberanía, iban a reivindicarse de los desatinos que han cometido con otros fallos que han sido ignorados por los países que han condenado. Mi impresión personal, es que todo el SICA puede eventualmente haber recibido un daño colateral por esa intromisión abusiva en asuntos que solo competen a los salvadoreños.

 

Ahora se agrega la elección del fiscal general en medio de una campaña política que ha comenzado con mucha antelación y que por los vientos que soplan, va a resultar sumamente desgastante.

El país está entrando así a una nueva dinámica que lo menos que tiene es de virtuosa, agravada por las mayores fisuras que se están observando entre el Gobierno y la empresa privada.

Esto es sumamente lamentable y nos coloca como país en un escenario donde las opciones para el crecimiento, el empleo, la sanidad fiscal, la armonía social y la seguridad están virtualmente a punto de agotarse. Obviamente, esto no presagia nada bueno para el futuro predecible.