No me parece adecuado defender a la ANEP en el sentido que si ella debe ser la que nombra o no a los representantes del sector privado, porque lo que se debe analizar es la forma “cómo” se han cambiado las reglas del juego, claramente oscura y alejada del eslogan (porque no pasa más allá de esto) “Unir, crecer, incluir”.

Es condenable la “dispensa de trámites” usada por el bloque FMLN, GANA, CN y PES para aprobar en la Asamblea Legislativa una veintena de leyes, sin ninguna razón para correr y evitar discutir este cambio de reglas del juego. Esto no es democrático y genera dudas sobre las razones que están tras estas leyes pasadas en un maratónico madrugón.

Preocupa porque estas son empresas e instituciones autónomas que administran más de $1,600 millones de todos los salvadoreños, donde la presencia de la empresa privada no es más de ser un “veedor” que busca evitar abusos o malos manejos, nada más porque son minoría en cualquiera de las juntas directivas.

Es sospechoso que esto se haya hecho en medio del trabajo que desarrollaba la mesa de diálogo en busca de una solución a la crisis institucional que crearon los diputados del bloque. Como la ANEP era acusada de estar a favor de las decisiones de la Sala de lo Constitucional y mantener una posición crítica a los partidos del bloque FMLN, GANA, CN y PES, resulta altamente extraño que estos mismos partidos hayan sido los que cambiaron a la carrera las reglas del juego. No importa si tienen o no razón, sino que la forma y el momento de acción causan una percepción de “acción de venganza”.

Algo que ha pasado desapercibido es que durante los debates en la Asamblea Legislativa sobre estas leyes, los parlamentarios del FMLN develaron una clara posición anti sector privado y un sentimiento de antipatía que habían ocultado con gran habilidad. Esto no debe sorprender, porque los parlamentarios del FMLN están apegados a su doctrina “comunista”, porque quien lidera y da la guía política es el partido comunista salvadoreño. Esto sin sentido peyorativo o de crítica ideológica que no viene al caso, sino de reconocimiento de una realidad. Sin embargo, es cuestionable la sinceridad de los partidos GANA, CN y PES, que han dejado en claro que no se mueven por ideología sino por conveniencia.

Además, este cambio genera dudas sobre la forma y los criterios que tendrá el presidente para elegir a los representantes de la empresa privada.

El mismo mandatario ha criticado a los representantes de la empresa privada de no haber realizado un buen trabajo o de no haber denunciado actos de corrupción en que pudieron haber caído administraciones anteriores. No es apropiado generalizar; pero si conoce algún caso, debería denunciarlo con nombre y apellidos, porque se debe castigar todo hecho que encubra cualquier acto de corrupción. Y tengamos presente, todos, que esta demanda irá siendo cada vez más estricta, porque la sociedad civil está tomando fuerte conciencia de su capacidad para ejercer contraloría social.

Además, si algunos representantes no eran apropiados, entonces no es cosa de cambiar las reglas del juego, sino de delinear los perfiles y las demandas de experiencia que deben tenerse en cada institución. Esto debería hacerse desde ahora mismo y debió ser razón de debates en la Asamblea Legislativa. Como vemos, es cosa de cambiar para “mejorar”, no de cambiar para “empeorar”.

Algunas personas señalan como referencia a Chile, donde la empresa privada no participa en los consejos directivos de las autónomas, pero olvidan decir que en ese país existe una contraloría general de la República, en la cual sus más altos funcionarios son de carrera y es tan respetada que se observa como el cuarto poder del Estado.

Es lamentable que se pase por alto la misión central de un presidente de la República: respetar la institucionalidad, velar para que las reglas del juego sean predecibles y generar armonía, para así ganar mayores grados de gobernabilidad en democracia.

Además, es su responsabilidad fijar el rumbo al país (no se tiene según siete de cada 10 personas encuestadas) y velar porque el Gobierno funcione bien, para generar confianza en toda la población.

Con una economía en desaceleración, con amenazas externas de recesión, con el desempleo y el subempleo creciendo, indudablemente es de mal juicio estar creando confrontaciones en vez de unir fuerzas para salir adelante como país.