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Pocas horas después de que Norman Quijano diera su primera entrevista como candidato presidencial de ARENA, el FMLN puso en marcha su aparato de propaganda para empezar a desprestigiarlo. El inicio de la campaña electoral con más de un año de anticipación provocó reacciones de censura, entre las cuales cabe destacar la del arzobispo de San Salvador, quien advierte que el país no puede vivir en perpetua campaña, por el gasto y las distracciones que ello implica.

En esta ocasión, es el FMLN el que se hace merecedor de censura, pero ningún partido está libre de pecado. Todos hacen propaganda en flagrante violación del artículo 81 de la Constitución, a ciencia y paciencia del Tribunal Supremo Electoral. El argumento de siempre es que no hay incumplimiento de ley a no ser que los mensajes pidan explícitamente el voto para un candidato. Lo sorprendente es que esa definición restringida de propaganda, muy conveniente para los partidos políticos, ha prevalecido sin estar establecida ni en la Constitución ni en el Código Electoral.

Ya que a los diputados de algunos partidos no les gusta que se interpreten las leyes (a no ser, por supuesto, que sean ellos mismos los que hacen la interpretación), debieran poner mucho más empeño en que las leyes que aprueban digan con entera claridad todo lo que deben decir y solo lo que deben decir; debieran poner mucho más empeño en redactar y aprobar leyes que sean enteramente congruentes con la Constitución que rige nuestro Estado democrático.

Si el fin primordial de la propaganda electoral es influir en las valoraciones que hacen los ciudadanos para tomar la decisión de favorecer con su voto a un determinado candidato o partido, la ley debiera prohibir expresamente la difusión extemporánea de cualquier mensaje que directa o indirectamente afecte (positiva o negativamente) la imagen de un candidato. Pedir expresamente el voto es solo una entre muchas formas de hacer propaganda electoral. Debiera prohibirse también en todo momento (no solo en las semanas previas a un evento electoral) la publicidad que hacen de sus obras y supuestos logros las instituciones del Estado. ¿De qué otra forma se puede explicar esa publicidad si no es para crearle buena imagen al partido de gobierno (central o municipal) y predisponer a los electores para que voten por los candidatos de ese partido? Eso también es propaganda electoral.

Desde una perspectiva ética, es igualmente objetable la propaganda que se apoya en declaraciones fuera de contexto para hacer verse mal a un candidato opositor. Los mensajes negativos constituyen otra forma de propaganda ilegal si se difunden fuera del período que establece la ley. Y cuando el descrédito de los adversarios se lleva a extremos de difamación o calumnia, esa propaganda es delictiva (artículo 228 del Código Electoral), sin importar en qué momento se haga.

Esto último constituye un vicio sumamente adictivo en nuestra cultura política. Los voceros de los partidos no pueden dejar pasar una oportunidad para engañar y confundir a los ciudadanos. La mayoría de ellos se vuelven mentirosos patológicos. Las mentiras, las verdades a medias y los razonamientos engañosos de los políticos revelan un profundo desprecio a la dignidad de los ciudadanos.

En la incidencia que se comentó al inicio de este artículo, el FMLN saca de contexto y deforma las declaraciones e ideas expresadas por el alcalde Quijano, quien se había limitado a cuestionar el gasto en uniformes escolares por lo que tiene de subsidio indiscriminado y por lo que implica de desatención a otras necesidades mucho más urgentes de las escuelas, los maestros y los estudiantes socialmente menos favorecidos.

Las prioridades del gasto público deben ser objeto de un debate serio y no ocasión para dar golpes bajos a un adversario solo porque les da más importancia a la seguridad de los niños y a la calidad de su educación que a la ropa que se ponen para ir a la escuela.

Pero como ya dije, lo anterior es solo uno entre muchos ejemplos de distorsión deliberada de la realidad en la que incurren, unos más otros menos, todos los partidos políticos. Los ciudadanos exigimos apego a la ley y apreciaríamos un poco más de respeto a principios éticos.