Enhorabuena dirán muchos —dentro de los cuales me incluyo— especialmente si esos instrumentos legales van acompañados de otros elementos que ayuden a remover los obstáculos que dificultan el crecimiento y enrarecen el clima empresarial, como el estado de la infraestructura, el deterioro de la competitividad, la inseguridad jurídica y ciudadana y las diferencias entre el gobierno y la empresa privada, entre otros. Y si esto estimula la expansión económica y el empleo —aunque dudosamente se pueden alcanzar resultados espectaculares en el corto plazo— la población en general vería con menos pesimismo su futuro.

Por lo demás, un crecimiento robusto y consistente es un requisito indispensable, aunque no suficiente, para empezar a superar la precaria situación fiscal en que ha caído el país y que por no haber tratado el problema en ciernes de manera oportuna, integral y responsable, tiende a convertirse en una verdadera bomba de tiempo. Pero si el pésimo desempeño de la economía incide en la capacidad del sistema para generar nuevos tributos, no es menos cierto que el gobierno no se ha ajustado el cinturón; más bien ha venido privilegiando el gasto corriente en perjuicio de los históricos y ya de por sí bajos coeficientes de inversión.

Las nuevas disposiciones legales para estimular la inversión privada, deben así ser acompañadas de un ajuste fiscal importante. En particular, se requiere un esfuerzo consistente y de altos quilates para eliminar el despilfarro, comenzando por someter a todas las instituciones del Estado a una verdadera austeridad, transparencia y eficacia en el uso de los recursos. Lamentablemente, los primeros datos sobre el presupuesto general de la nación para el próximo año, revelan que se mantiene el carácter “incremental”, que es donde puede encontrarse el origen de los principales vicios en la administración de los impuestos, en la medida que con ello se condona todas las irregularidades que pueden haberse cometido durante los ejercicios previos. Compra de vehículos de lujo, viajes al exterior sin objetivos claros, celebraciones fastuosas, contratación de personal innecesario y otras gangas, sin duda se repetirán, arraigando el uso patrimonialista del Estado. Por lo que se sabe, la medalla se la llevarán, nuevamente, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial, aunque sea en el resto de la organización del Estado donde se cometen los mayores excesos, en términos absolutos. Con todo, el tema central sigue siendo la búsqueda de la fórmula para salir del estancamiento económico y lograr un acompañamiento efectivo del gobierno para estimular la inversión privada; sin obviar el tema de la sostenibilidad fiscal. Esto viene a cuento a propósito de la versión que tienen algunos políticos del por qué, el factor de desarrollo por excelencia —la inversión privada— no repunta como ocurre en los países vecinos.

Un alto dirigente del FMLN cuestionaba al presidente Funes, por su falta de capacidad para atraer inversión al país, pero mostró su desfachatez cuando el residuo ponzoñoso lo descargó contra la cúpula empresarial. Uno se pregunta ¿con qué autoridad moral se hacen estos señalamientos, si es el partido gobernante el responsable de ahuyentar la inversión y el que permanentemente descalifica a la ANEP por su posicionamiento frente a los desaguisados de la clase política? También se opone a los APP. Si por lo menos compartieran la forma en que están haciendo pingües negocios en el país, los empresarios nacionales y extranjeros probablemente se atreverían a arriesgar “sus propios” capitales, suponiendo que no les confiscarían sus propiedades.