Pero lo cierto es que los miembros del TEG ya fueron designados, y que lo han sido contando con una nueva normativa que sin duda fortalece a la institución, al dotarles de más herramientas para prevenir y sancionar las acciones contrarias a la ética pública.

Dentro de esas herramientas se encuentra la posibilidad de actuar de manera oficiosa, así provenga su conocimiento de información pública, o de la que al efecto le suministren las comisiones de ética adscritas a las instituciones que la ley indica; lo sustancial es que no tienen por qué esperar la interposición de una denuncia para comenzar a actuar.

En los tiempos que vivimos esto reviste capital importancia porque a pesar de los públicos llamados que han hecho destacados ciudadanos e instituciones como el CEJ, para que se investigue el posible cometimiento de delitos de varios funcionarios de turno, la Fiscalía General permanece impávida como si nada hubiese pasado. Y por los vientos que soplan no parece que eso pueda cambiar durante el próximo trienio; algo más hay que hacer.

Está claro que el TEG no tiene competencia para investigar y sancionar actividades delictivas, pero sí que tiene competencia para exigir el cumplimiento de los deberes éticos y sancionar la inobservancia de las prohibiciones éticas impuestas a los funcionarios. Pues bien, ya es hora que comiencen a hacerlo, recordándoles a los miembros del TEG que no están sujetos a ningún mandato imperativo de la autoridad que los eligió.

Sin perjuicio de responsabilidades penales y civiles que se puedan generar, no es posible que funcionarios públicos incumplan impunemente sentencias judiciales, cuando la ley de ética les exige actuar con apego a la constitución y a las leyes; no puede ser que funcionarios que cuentan con el privilegio de la inmunidad olviden que la ley les obliga a guardar las reglas de urbanidad, respeto y buena educación; es inconcebible que amparados en la inexistencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, todavía hay funcionarios que no quieren transparentar sus actuaciones, cuando de todas formas la ley de ética ya establece que los funcionarios deben rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía.

Desórdenes públicos han sido permitidos y hasta aplaudidos en recintos estatales, cuando –y nuevamente sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad– la ley de ética obliga a los funcionarios a utilizar los bienes del Estado únicamente para aquellos fines institucionales para los que están destinados. Es más, no puede ocultarse que se han utilizado inmuebles del Estado para hacer actos de proselitismo político y que muchos funcionarios hoy día hacen uso de sus cargos para hacer política partidista, como tampoco pueden esconderse los escándalos relacionados con las posibles compras de voluntades. El TEG no puede desconocer esa realidad sino que debe investigarla y sancionarla cuando corresponda.

Y qué decir de los funcionarios que reciben remuneración del Estado sin que se presenten a laborar, o de aquellos que se atreven a contratar parientes dentro de su misma institución. Por supuesto que en esto son responsables quienes lo hacen y quienes con conocimiento lo permiten. Todas esas actuaciones no solo son inmorales sino que están prohibidas por la ley. No esperen más, señores del TEG.