Se debe entender que esto incluye controlar, en este sentido, a las personas formales e informales que se encuentran en el negocio de prestar dinero o sea, debe incluir tanto a las instituciones financieras, como al prestamista de su propio dinero y a las casas de empeño.

 

San Buenaventura decía que “el pago de interés por los ahorros es el pago del tiempo” o sea, el concepto de “prestar con intereses” lleva implícito la convicción que existe un precio justo o razonable por el ahorro, de ahí que debe ser la base para establecer lo que debe ser el interés justo de los préstamos. Ya en el tiempo de Jesucristo existían los Bancos y son mencionados y aceptados por Él en la parábola de los talentos, reclamándole al que solo le dio un talento, que por qué no lo había, cuando menos, llevado al Banco para que produjera algo; luego es justo que el ahorro tenga un premio y es justo que existan instituciones o personas intermediarias que faciliten el que se premie.

 

Lo que una ley de usura debe básicamente controlar es que el premio al ahorro y las tasas de interés a que se presta el dinero estén íntimamente relacionadas, de forma que la tasa de interés de los préstamos no pueda exclusivamente ser determinada por la ley de la oferta y la demanda; sino que sea una resultante de la tasa con que se premia el ahorro.

Es en este sentido que los Bancos cobran una relevancia importante al momento de hacer una ley en este sentido, pues son los Bancos los que, por ser instituciones intermediarias, pueden reflejar de mejor forma el premio que se debe establecer al ahorro.

La tasa de interés en los préstamos deben ser una resultante de esto, pues para que un país se pueda desarrollar, el cobro de interés de sus préstamos debe estar relacionado con el precio justo de lo que reciben sus ahorrantes y es esta la filosofía que debe recoger una ley de este tipo.

 

Dicho lo anterior, todavía quedan dudas de cuánto debe ser lo justo de interés que reciban tanto los ahorrantes, como el interés a que se preste el dinero. Es aquí donde se debe tomar en cuenta que ambos servicios no son transables fuera de las fronteras del país, lo que significa que una persona promedio no puede ir a depositar su dinero en una institución bancaria de otro país y la mayoría de personas tampoco pueden ir a prestar dinero fuera de las fronteras nacionales; por lo que, lo que una ley contra la usura debe buscar es el eliminar esta “barrera” real anticompetitiva, en un mundo globalizado y que ambos puedan obtener las mismas condiciones, tal y como ocurriría si el servicio lo pudiera efectuar en el país donde le sea más conveniente.

 

Se ha argumentado que, si se regula la tasa de interés de las tarjetas de crédito, lo que se causaría es que miles de usuarios ya no tendrían acceso al crédito.

Sin embargo, este argumento no presenta mayor solidez, puesto que al revisar las utilidades de los Bancos, lo que queda en evidencia es que, si bien, el interés que pagan a los ahorrantes es más o menos competitivo con países con economías dolarizadas, esto no es así con el que cobran en la mayoría de sus tarjetas de crédito y es esto lo que hay que regular.