En países con más desarrollo y con memoria histórica, la función pública está regulada en el servicio civil. Tienen claridad sobre el papel del servicio civil en la construcción y administración de oportunidades en el marco del Estado de Derecho. En su función pública a los funcionarios y empleados públicos se les exige imparcialidad, legalidad e integridad. La función pública abre oportunidades para hacer carrera administrativa. Hay normas, regulaciones, requisitos e instituciones. Los cargos son ocupados por personas calificadas.

En esos países hay historia y ocupación por crear y fortalecer el servicio civil. Tienen un “conjunto de reglas y procedimientos que regulan el trabajo en las unidades administrativas del aparato de Estado: reglas de entrada y de salida, de permanencia, de movilidad dentro del sistema, de asignación de funciones y actividades, de premios, de incentivos y de castigos y sanciones”. Hay establecidos niveles de entrada y exigencias a esa “carrera” que da oportunidades de desarrollo y ascenso profesional y personal. Hay instancias neutrales para evaluar los candidatos con imparcialidad. Hay eso y más.

A los funcionarios y empleados públicos, en todos los niveles, se les exige que sean leales con los intereses y fines del Estado. Los empleados públicos en esos países no son servidores ni rinden lealtad a los partidos políticos. Hacen un reclutamiento meritocrático; tienen requisitos de ingreso a la carrera pública y garantías profesionales; y se plantean derechos y deberes que otorgan un estatus profesional especial a los empleados públicos que los diferencia y distingue de los que se desempeñan en el sector privado. Francia, Alemania e Inglaterra han hecho historia en el servicio civil. En ellos y en otros países desarrollados económicamente hay sistemas de concurso, hay sistemas de selección, hay escuelas especializadas, hay comisiones o instancias especializadas en el servicio civil.

Me imagino que en ellos se reconoce que las políticas públicas, de corto, mediano y largo plazo, se traducen en hechos reales y evidentes, siempre y cuando se tienen administradores públicos con la formación correspondiente, con capacidad y experiencia demostrada y con la neutralidad política necesaria para asegurar imparcialidad en su acción y decisión. Me imagino que todos confían que el servicio civil es calificado y es leal al Estado. Me imagino que tienen controles para asegurar que el servicio civil no está comprometido ni es leal o fiel, a ningún partido político o grupo de interés. Me imagino que suponen que los servidores públicos serán igualmente capaces y leales con cualquier ministro y gobierno porque ejercen la legalidad. Hay confianza en la capacidad y neutralidad del servicio civil, hay estabilidad en el servicio civil, hay institucionalidad y hay políticas públicas de Estado. Los servidores públicos tienen derechos, pero también exigencias en su ingreso y en el cumplimiento de sus obligaciones. En el ejercicio del servicio civil hay valores compartidos que deben hacerse evidentes: imparcialidad, legalidad, integridad, transparencia, responsabilidad, eficiencia, equidad y servicio en el interés público.

En nuestra ley está escrito y descrito un servicio civil parecido a los desarrollados. Se tienen instrumentos legales aplicables al gobierno central y a los gobiernos municipales. Pero ¿a quién le importa la carrera administrativa? ¿Cuándo importa la carrera administrativa? ¿Qué interesa en la carrera administrativa? ¿El servicio civil es para las elecciones? ¿Para satisfacer expectativas de correligionarios y pagar apoyos y favores? La coyuntura actual, especialmente en la Alcaldía de San Salvador y la que es probable del Órgano Ejecutivo, deberá hacernos pensar si nos conviene que continúe sobreviviendo el clientelismo y patrimonialismo en el servicio civil o deberíamos empeñarnos en hacer prevalecer un servicio civil basado en neutralidad, capacidad, experiencia, resultados y méritos. Los ciudadanos deberíamos estar confiados en la neutralidad y la capacidad del servicio civil. Esto haría mucha, mucha diferencia en nuestro desarrollo y nuestra democracia.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, hemos tenido experiencias que demuestran que nuestro servicio civil está comprometido y es fiel con intereses de partidos políticos. Elecciones de gobiernos municipales lo demostraron y por eso se promovió y aprobó una Ley de la Carrera Administrativa Municipal. La Constitución de la República establece (art. 218) que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. Dice que ni los funcionarios ni los empleados públicos podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. Y establece que quien lo haga será sancionado de conformidad con la ley. Con un nuevo dirigente en el Órgano Ejecutivo... ¿tomaremos en serio el servicio civil? La evolución de nuestra democracia lo exige.