Seguridad pública y seguridad humana

El Estado está organizado para el logro de la justicia y la seguridad de los habitantes de la República (art. 1 Constitución). Y si la persona humana es el origen y fin de las actividades del Estado, ella debe beneficiarse no solo de seguridad pública, sino también de seguridad jurídica, familiar, comunitaria, ambiental, económica, entre otras.

La seguridad pública es la protección del Estado a la persona humana ante distintas amenazas humanas y de la naturaleza. Diseña y ejecuta políticas públicas complementadas entre sí evitando dispersión de esfuerzos institucionales que puedan descarrillar las buenas intenciones del Gobierno. La tarea nacional es superar desafíos de inseguridad ciudadana, generada no solo por la delincuencia común, crimen organizado, narcotráfico y terrorismo internacional, sino también por falta de oportunidades de empleo e ingreso productivo, deterioro ambiental, carencias en educación y salud, particularmente de la gente desposeída, abandonada en los últimos veinte años por imposición de programas neoliberales.

Con visión de seguridad humana, podremos entender y enfrentar los problemas de la sociedad al comprender que no se garantiza éxito total controlando únicamente la delincuencia criminal. Volcar toda la responsabilidad en el trabajo coordinado de la PNC y la Fiscalía General de la República es distorsionar la visión de la seguridad pública como componente esencial de la seguridad humana.

Para garantizar la seguridad pública, se requiere diseñar programas y proyectos con amplia participación ciudadana y de instituciones públicas y privadas en que no solo se pongan en marcha acciones para combatir la delincuencia nacional y transnacional, sino impulsando una política de prevención orientada a neutralizar causas estructurales de las deformaciones del desarrollo humano que alimentan el brote o tolerancia de patrones de conducta delincuencial, con preocupantes incidencias en la actividad económica y social de empresas privadas de todo tamaño.

La herencia de tres períodos presidenciales (1989-2009) arroja saldos negativos en áreas de la actividad económica, social y política. Se hicieron esfuerzos desarticulados para superar desafíos en salud, educación, seguridad jurídica y fortalecimiento institucional, pero no se planificó una estrategia que permitiera coordinar esfuerzos para disminuir los pavorosos problemas de inseguridad pública que tenemos ahora con 1576 homicidios durante el presente año, proliferación de acciones de narcotráfico, tráfico de influencias y aparente penetración del crimen organizado en la Policía.

La seguridad humana y dentro de ella la seguridad pública es una tarea compartida con la sociedad civil y política, no solo del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, PNC, FGR y tribunales de justicia. La empresa privada juega un rol importante para contribuir a un clima de seguridad y confianza gubernamental y ciudadana para aumentar su productividad, debemos apoyar al Gobierno en el éxito de estrategias nacionales de desarrollo orientadas a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños más pobres y vulnerables.

De esto se trata la seguridad humana. Por ello, superar los desafíos de la inseguridad pública constituye una política de Estado que el nuevo Gobierno impulsará para que todos juntos demos nuestros mejores conocimientos y experiencias a garantizar una efectiva seguridad pública y humana. Dejemos una vez más que en 2012 el pueblo se exprese para premiar los buenos propósitos y cumplimiento de las promesas de la nueva administración gubernamental.

Justicia y seguridad son pilares fundamentales del Estado de Derecho, sin ellos no tendremos desarrollo, ni lograremos consolidar los Acuerdos de Paz, que aún no constituyen historia de éxito que contar. Sigue pendiente cumplir partes importantes, entre ellas la seguridad pública.