Habría que cuidarse de los arrebatos

La situación hondureña es como la crónica de un trastorno anunciado, y los efectos del mismo han tomado dimensiones sin precedentes. Por una parte, internamente en Honduras nadie pareció haberse dado cuenta, antes del estallido de la crisis, de las dimensiones de lo que podía venir: ni el Presidente Zelaya midió las consecuencias de su tozudez, ni sus adversarios pudieron advertir que los recursos golpistas de antaño ya no funcionan. Por otra parte, las reacciones internacionales están hoy ante el desafío de su efectividad, porque si no hay soluciones inmediatas sostenibles tanto interna como externamente, las cosas podrían quedar peor que al principio.

En la reunión del SICA, que se dio unas horas después de la presunta solución golpista del conflicto entre poderes en Honduras, los gobernantes de los países que forman el C-4, de seguro conmocionados por la forma en que detonaron los hechos, tomaron, entre otras, la medida de la suspensión temporal del comercio con el país en crisis. Una suspensión del comercio por 48 horas, como una medida de alta presión contra las autoridades consideradas ilegítimas, para forzarlas a revertir sus acciones.

Esa medida fue un arrebato del momento, y al ser contraproducente lo que hizo fue crear presiones para dejarla sin efecto, ya que su impacto era mayor sobre los países cuyos representantes la habían tomado que sobre Honduras, cuya posición geográfica estratégica le da las llaves de la conexión intercentroamericana. La moraleja es: hay que entender los límites de la política y no creer que ésta puede imponerse a su gusto sobre la realidad. El que intervenga más allá de lo que marca la prudencia razonable, pagará las consecuencias.

Organizar la estrategia

Puede haber opiniones de diverso tipo sobre el comportamiento de Zelaya, sobre la forma en que enfrentó la institucionalidad hondureña dicho comportamiento, sobre el rol de las Fuerzas Armadas y sobre el balance de los que, internamente en Honduras, rechazan o aprueban todo esto; pero lo que sí es evidente es que la comunidad internacional, que se ha manifestado en forma unánime contra un proceder golpista incompatible con la sana dinámica de la democracia, tiene que articular una estrategia de tratamiento de este caso que vaya más allá de declaraciones, declaratorias y gestos dramáticos.

Lo que sería verdaderamente positivo es que esta situación anormal pudiera revertirse para reponer a las legítimas autoridades al lugar que les corresponde; pero en el entendido que no se puede hacer como si nada hubiera pasado. Lo que ahora se impone, guste o no, es que se dé lo que antes del estallido de la crisis no se dio: un razonable entendimiento entre poderes, para que todos se comprometan a rectificar lo que les corresponda en aras de preservar lo más importante: la integridad de la democracia y de su ejercicio.

Lo que ha pasado y aún está pasando en Honduras nos atañe a todos, y especialmente a sus vecinos, y el desenlace final puede atañernos aún más: si los hechos se desbocan en vez de encauzarse, la democracia quedará seriamente dañada; si la solución es satisfactoria en la línea correctiva, se habrá creado un precedente de salvaguarda del ejercicio democrático que le dará seguridades a toda la región.