Secretaria ejecutiva de la CEPAL
El principal canal social de transmisión de la presente crisis al ámbito social es el desempleo generalizado en todos los países. Esto creó una nueva forma de proteccionismo laboral que privilegia al trabajador nacional por encima del migrante, especialmente en Estados Unidos y Europa.
Por ello millones de hogares en nuestra región se ven afectados por la disminución de las remesas que son ingresos vitales para cubrir sus necesidades básicas. De los 200 millones de migrantes que se calcula hay a escala mundial, 26 millones forman parte de la diáspora latinoamericana y caribeña. De estos, unos 22 millones aproximadamente, se encuentran en economías desarrolladas. En 2008, los migrantes enviaron a sus países remesas por $69,200 millones. Esto representa más de la mitad de la inversión extranjera directa recibida ese año y casi 10 veces la ayuda oficial para el desarrollo que recibe la región.
Con la crisis y la contracción de sectores clásicos que absorben mano de obra temporal, se estima que estos flujos por remesas se contraerán al menos en 10% en 2009 y esta es una mala noticia especialmente para los que viven en extrema pobreza. Hasta ahora, la caída de las remesas en un 5%-10% entre el tercer trimestre de 2008 y el primero de 2009 tiene claros efectos en la balanza de pagos, en la baja del nivel de consumo y del ahorro.
México, Colombia, Guatemala y Brasil son los principales receptores en términos absolutos. A México ingresaron en 2008 $25,000 millones y es el tercer país mayor receptor de remesas del mundo, después de la India y China. Sin embargo, en proporción a su producto interno bruto, el impacto es mayor en otras economías. Para Guyana, Haití y Honduras, los montos recibidos en 2008 representaron 28.4%, 23.9% y 21.1% del PIB, respectivamente, mientras para El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Guatemala y República Dominicana, significaron entre un 7.5% y 17.5%.
¿Qué hacer para que la disminución de las remesas no arrastre a las familias receptoras de vuelta a la pobreza?
Hay cuatro elementos aplicables a corto plazo:
La depreciación de las monedas de los países receptores (excepto El Salvador y Ecuador por ser economías dolarizadas).
Que los bancos bajen sus comisiones y no trasladen los costos de las operaciones de transferencia a los migrantes.
Evitar el proteccionismo laboral y el aumento de restricciones migratorias, que en ocasiones son inhumanas.
Las medidas anticrisis a escala nacional deben focalizarse a un conjunto de transferencias que mejoren el ingreso de los hogares más pobres.
Por último, en nuestra región debe pensarse a largo plazo, darle mayor productividad que no incluya la necesaria exportación económica de su mano de obra; plantear propuestas de convergencia productiva que exploren nuevos nichos de inserción internacional y movilización de los mercados internos. Estimular iniciativas de economía verde, con opciones de infraestructura sin carbono, fuentes de energía alternativas y generar empleos de mejor calidad y con innovación.
A mediano plazo será necesario incentivar inversiones productivas, con las donaciones de migrantes a su comunidad de origen. Como en Azuay y Cañar, en Ecuador, donde llega un tercio de los más de $3,000 millones que el país recibe por remesas.
Rescatar a la población que cae en situación de pobreza durante una crisis económica es más complejo que recuperar los niveles de crecimiento económico. y toma el doble de tiempo. Después de la crisis de los ochenta, a la región le costó 12 años recuperar sus indicadores económicos y 24 años, retornar a los insatisfactorios niveles previos, de pobreza y desigualdad. Por ello, se requieren acciones urgentes, globales y regionales que pasan por la cooperación entre los pueblos con profundo sentido de solidaridad.