En la medida que el proceso democrático avanza, la exigencia de mayor apertura de las estructuras públicas al conocimiento y al escrutinio ciudadano se vuelve más notoria en el ambiente. Esto, lejos de ser una demanda caprichosa o casual, es una expresión saludable del avance de la conciencia democratizadora, luego de un recorrido bastante significativo en la línea de la apertura política, sobre todo en la etapa posterior a los acuerdos de paz. En tal sentido, debe haber una más espontánea disposición de las autoridades para superar de veras todo secretismo en el desempeño de sus funciones y a la vez una actitud crecientemente vigilante de la ciudadanía al respecto.

 

Desde luego, ninguna de las veladuras tradicionales del poder en el país es inocente: todas responden a intereses, de distinta índole. Para el caso, el que aún no exista una ley de partidos políticos, el que las finanzas partidarias carezcan de controles verificables, el que algunas estructuras como el Tribunal Supremo Electoral permanezcan férreamente partidizadas, el que persistan los candados partidarios en elecciones cruciales como la del Fiscal General, indican que el poder se resiste a iluminar y ventilar todos sus espacios de acción.

 

Informar y explicitar sin tapujos los contenidos del trabajo público no pueden ni deben ser concesiones graciosas de la autoridad, cualquiera que sea su nivel: son obligaciones naturales de la misma. Contar con una ley de transparencia y acceso a la información es elemental y básico, pero no agota el tema, porque lo que hay que generar en el ambiente es una cultura de honradez comprobable, que no admita zonas oscuras de ningún tipo en el ámbito público. Y esto está por encima de criterios ideológicos o partidarios.

 

La fluidez de la información

 

En su mensaje en el Día del Periodista, el Presidente de la República manifestó: “Las puertas de mi Gobierno que llevan a la información estarán siempre abiertas de par en par”. Este es un compromiso explícito, que debe plasmarse en los hechos del hacer cotidiano. En otras palabras, en una disposición abierta para hablar con todos sobre todo, sin agendas preconcebidas. El Presidente, como periodista en activo que ha sido por muchos años, sabe que así deben ser las cosas para que pueda hablarse de una auténtica libertad de expresión vigente. Aunque cada quien tiene su estilo, la responsabilidad de ejercer funciones gubernamentales es y debe ser transversal a todos los estilos personales.

 

Es entendible que cuando llega una nueva Administración, especialmente en el ejercicio de alternancia sin precedentes que ésta representa, haya constantes preguntas no sólo desde los medios de información y formación de opinión sino también desde las distintas esferas ciudadanas. Las autoridades, desde las más altas en la escala política y administrativa, están en el deber de responder a tiempo y de manera franca y suficiente todas las cuestiones que van flotando en la atmósfera nacional. Ese es, además, uno de los recursos más sensibles, para generar confianza, que tanto se necesita siempre, y más en las circunstancias actuales.

 

El nuevo Gobierno está comenzando y es evidente que tiene mucho por definir en todos los órdenes. Informar sobre su propio proceso de manera clara y suficiente debe ser una función asumida con absoluta naturalidad, según la lógica del avance democrático.