Ciudadanos descartables

Director de Libertad de Prensa de la SIP

En períodos conflictivos como el que vivimos hoy en Latinoamérica, la avidez de apoyo popular crece entre los líderes políticos de la región para hacer prevalecer sus ideas, justificar sus acciones y demostrar su poder.

Las crisis más agudas exigen a los gobernantes un mayor sostén público. Así sucede en los actuales conflictos latinoamericanos como el de Honduras, donde la ciudadanía está siendo tironeada entre dos posiciones opuestas, como las del presidente depuesto Manuel Zelaya y el designado Roberto Micheletti.

Las permanentes marchas a favor de uno y otro dirigente demuestran que muchos ciudadanos se adhieren genuinamente a una causa. Varios son persuadidos, otros manipulados, pero en las muchedumbres todos son estimulados y halagados para defender ideas propias y ajenas.

El riesgo es que ese entusiasmo y apasionamiento no sea reciprocado por quienes antes lo incitaron, ya sea porque el enfoque defendido cambia de repente, debido a que el líder modifica su posición o la altera para pactar con la otra fuerza política, como seguramente ocurrirá si la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, resulta exitosa.

En el proceso de arbitraje actual, parece que el protagonista principal, ese que es cortejado y mimado en cada elección, está ausente. Al partidario fiel se le toma en cuenta solo para hacer masa. Nadie parece preguntarse ¿cómo se sentirían los seguidores de Micheletti si acaso su gobierno decide aceptar la restitución de Zelaya? o ¿cómo se sentirían los seguidores de Zelaya, si aceptara volver condicionado a la Presidencia, sin posibilidad de reelección?

La respuesta: muy decepcionados y traicionados. Con un ingrato sabor por haberse dejado inducir las broncas y robado las ilusiones; burlados e impotentes por haberse dejado manipular y utilizar, para luego ser desechados. Descartados.

Pero ni Zelaya ni Micheletti pueden negociar o ceder tan fácilmente sin considerar la presión de sus seguidores. La destitución de Zelaya es apoyada por quienes no quieren un país autocrático chavista, persuadidos de que si regresa a la Presidencia, por más condiciones que se le impongan, su tozudez le hará seguir buscando mecanismos para reformar la Constitución, emulando a su gestor, Hugo Chávez, que aunque negó varias veces la reelección, consiguió esa posibilidad a perpetuidad. Quienes apoyan a Zelaya, lo consideran el líder, que los puede sacar de la pobreza, dándoles empleos y/o dádivas, mayor dignidad, y acabar con el sometimiento a “las oligarquías dueñas del país”.

Si el presidente costarricense pretende que se cree un gobierno de reconciliación y unidad con la restitución de Zelaya como reclama la comunidad internacional no debería solo articular un pacto político, sino tener garantías de que se irá sin chistar llegado su término a mediados de enero. Al mismo tiempo, debería pedir que bajen los decibeles belicistas aquellos ruidosos como Hugo Chávez, quien está instigando a la violencia y avivando la insurrección armada, y como Daniel Ortega, quien presta su terreno para esos objetivos.

Sería importante, además, que así como se han impuesto sanciones al gobierno de Micheletti, también se le impongan a Zelaya, en caso de que continúe arengando a lo que llama su “ejército del pueblo”, una masa transformada ya en fuerza de choque que utilizará como escudo humano para reingresar al país. El peligro es que la alta volatilidad de la masa y la pasión que los activistas e infiltrados tienen por los desbordes y la violencia predicen consecuencias nefastas como ya empezaron a suceder.

Si realmente se pretende la paz y la unidad para superar la crisis, además de reducir los ruidos que impiden el diálogo profundo, se deberían encontrar formas para que los ciudadanos sientan que sus preocupaciones están incluidas. Un ciudadano descartable, despechado, tarde o temprano, buscará otra masa donde anidar, para así continuar con su peligroso derrotero.