Hacer lo correcto sale caro

Hace unas semanas, mientras manejaba en la carretera Panamericana, atropellé a un peatón, que murió a consecuencia del impacto. Contrario a lo que dicta el sentido común en El Salvador, decidí quedarme. Las consecuencias de esta decisión y experiencia me han llevado a evaluar los comportamientos que incentiva la política de tránsito de detener a motoristas en accidentes graves por 72 horas. Como extranjero que vive en El Salvador desde hace 10 años, he tenido la oportunidad de conocer diversos sistemas y observar las diferentes tendencias y resultados que producen. Aspiro, con este artículo, a estimular un diálogo constructivo sobre las condiciones que llevan a muchos ciudadanos salvadoreños a la decisión de huir de la escena de accidentes graves.

En cuanto a las circunstancias del accidente, yo iba manejando bajo el límite de velocidad, en mi carril, sin una gota de alcohol en mi organismo. La víctima, presuntamente intoxicada, decidió ignorar dos pasarelas, saltar una pared de concreto de un metro y lanzarse descalza al atardecer en una autopista de alto tráfico. Según la policía local, peatones mueren en ese tramo semanalmente.

En los segundos que siguieron al impacto percibí dos alternativas excluyentes. Podía quedarme, enfrentar las consecuencias del accidente, incluso ir preso, o podía huir, evitando una reacción potencialmente violenta de la víctima o sus amigos, evadiendo captura, costos económicos y tiempo que involucraría la resolución o conciliación. Decidí quedarme.

Al contar al operador del 911 lo que acababa de ocurrir, su repuesta fue la primera señal de debilidades en el sistema: “Enviaremos una patrulla. ¡Usted váyase!” Cuando comento sobre la decisión de quedarme, algunos salvadoreños tienden a felicitar mi conducta ética o por el contrario, a reírse de mi ingenua fe en el sistema legal. Algunos argumentan que la mayoría de motoristas huye porque “aquí, así es” o “así es la cultura”. Yo rechazo complemente esa idea. No creo que la cultura salvadoreña fomente conducta carente de valor para asumir responsabilidad frente a situaciones difíciles.

La estructura y las consecuencias de la política de tránsito refuerzan la lógica de que huir representa la mejor opción. Las repercusiones sistémicas en lo económico y en lo personal llevan a buenas personas a comportarse de manera irresponsable, ya que la actuación responsable es castigada. Como consecuencia de mi decisión de responsabilizarme y creer en el sistema, estuve detenido lejos del trabajo y familia durante tres días. Pagué compensación a la familia de la víctima –a pesar de su propia extrema negligencia– e incurrí en costos de transporte mientras mi vehículo y mi licencia fueron confiscados por más de dos meses.

Cuando pregunto, “¿cuál es el propósito de detener a un motorista 72 horas?” recibo dos tipos de repuestas: la primera, que las 72 horas en la cárcel representan –en teoría– un tiempo de investigación cuando abogados negocian con la Fiscalía o los miembros de la familia de la víctima. La segunda, que el conductor es detenido para asegurar que no huya del país antes de 1) determinar si es inocente o culpable o 2) compensar a la familia de la víctima. En la práctica –según la fiscal asignada a mi caso–, el 90% de los conductores que se encuentra en circunstancias semejantes huye.

A quienes tienen influencia en círculos legislativos, políticos o agentes de cambio en general, pregunto ¿qué pasaría con esta tendencia si existieran mecanismos para resolver conflictos civiles que no involucren castigos penales? ¿Cómo puede el sistema incentivar comportamientos responsables en los ciudadanos?