Otra guerra

Aunque no se tienen datos precisos, diversas fuentes estiman que la guerra civil en El Salvador (1980-1991) pudo haber dejado un saldo que oscila entre los 70 y 80 mil muertos. El año pasado, según los reportes oficiales, hubo 4,300 homicidios registrados. Si suponemos que estos no se incrementan año con año, y por tanto mantenemos constante esa cifra anual de homicidios, ello querría decir que en 12 años (los mismos de la guerra civil) acumularíamos un saldo de más de 50,000 asesinatos. O sea que, al menos en términos cuantitativos, estamos en otra guerra. La guerra que le ha declarado la delincuencia y el crimen organizado a la sociedad salvadoreña.

Esta guerra criminal no tiene mucho que ver con la guerra civil que vivimos en los ochenta. Sin embargo, se pueden hacer algunos paralelismos, más allá del número de muertos contabilizados.

El número de “combatientes” involucrados en esta guerra criminal podría ser mayor que los involucrados en la guerra civil de los ochenta. Si sumamos el número de policías, agentes privados de seguridad, pandilleros, y bandas delincuenciales de todo tipo, casi seguramente tenemos un monto superior al de los combatientes de ambos lados de los ochenta. La incorporación reciente de contingentes del ejército nacional al combate a la delincuencia aumentaría aún más los “combatientes” involucrados en la guerra de hoy en día.

Tómese en cuenta que solo el “ejército opositor” de hoy, es decir, las pandillas, tiene mucho más “combatientes activos” en sus filas que los que tuvo el “ejército opositor” del FMLN durante la guerra (no más de 10 mil). Es cierto que no disponen del armamento que tuvo la guerrilla, pero su acceso a armamento más sofisticado va en crecimiento, como lo muestra el uso frecuente de granadas de mano y fusiles de largo alcance. La tecnología de los celulares les da también a las bandas criminales una comunicación y movilidad que sin duda envidiaría el Frente en aquellos momentos del conflicto armado.

El “ejército opositor” de hoy también tiene esquemas de control territorial como los tuvo el ejército guerrillero. Pero a diferencia de antes, las pandillas tienen cobertura nacional, y su presencia no es tanto en el campo como en las principales ciudades. El control territorial permitió a los combatientes del FMLN disponer de una retaguardia y avituallamiento de la tropa, mientras el control territorial de la criminalidad organizada adicionalmente le permite una importante fuente de ingresos, gracias al “peaje” y las extorsiones generalizadas. Como en la guerra de antes como en la de ahora, los combatientes tienen un sentido de pertenencia para su combate; la diferencia es que antes era pertenencia a la patria o a la revolución y hoy es sentido de pertenencia a una comunidad excluida y marginada que le da protección y acogimiento.

Estamos ya sumergidos en una guerra. Por supuesto que es una guerra nada convencional, pero que afecta al conjunto de salvadoreños/as, sean ricos o pobres, de izquierda o derecha, del campo o la ciudad, católicos o no católicos, jóvenes o viejos. Es sin ninguna duda el principal problema de nación. Y como tal debe tener una respuesta de nación.

Recuerdo que hace algunos años se dio una respuesta de nación a la proliferación del dengue en nuestro país. En mi memoria quedó impregnada una imagen de un soldado del ejército dentro de la Universidad Nacional, con una fumigadora de mano que parecía un arma de alto calibre. Esta imagen en otros tiempos era inimaginable: ¡un miembro del ejército dentro de la Universidad Nacional! Esta vez no para tomársela o reprimir estudiantes, sino para colaborar en una campaña nacional contra el dengue. Campaña impulsada por el gobierno de turno que incluyó Fuerza Armada, empresarios, alcaldías, escuelas, comunidades, medios de comunicación.

Algo así necesitamos ahora. No necesitamos consultores internacionales, ni estados de sitio focalizados (por el momento), ni mano dura ni mano aguada, ni más ejército en la calle. Esto podrá ser complementario. Lo que necesitamos es que los llamados presidenciales a la unidad nacional se concreten en un Plan Nacional de combate a la delincuencia y el crimen organizado. Un Plan de Acción que parta con firme y claro liderazgo del Ejecutivo, donde se incorporen distintos sectores de la sociedad, y donde se definan en concreto los roles, las acciones y los recursos que tendrá el Ejecutivo, el Legislativo, el poder Judicial, la Fuerza Armada, los partidos políticos, los empresarios, las alcaldías, las iglesias, los medios de comunicación, las escuelas, las comunidades, las ONG, la academia. Sin esto, no será posible enfrentar esta otra guerra. Una guerra que por el momento la vamos perdiendo.