Para el debate

Por fin un presidente en pleno ejercicio y al inicio de su mandato se atreve a dar un golpe sobre la mesa: hay que legalizar las drogas, ha dicho Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala.

El principal desafío de cualquier autoridad, que tenga la intención de enfrentar el crimen de forma seria y responsable, es reducir la fuente de financiamiento y el margen de impunidad con que cuentan estas organizaciones. Es la masa de dinero, proveniente del alto costo que pagan los consumidores por las drogas proscritas por ley, la que alimenta la espiral de violencia que hoy vivimos en Centroamérica.

No hay que perderse en el debate, la discusión no es entre puros e impuros y menos como lo dijo un “especialista” entrevistado por un periódico local que “quienes proponían la legalización de las drogas le hacían un menudo favor al narco”.

Lo más importante del mensaje enviado por el presidente de Guatemala es que contribuye a abrir el debate, y ojalá este se pueda realizar sin una carga extrema de prejuicios y descalificaciones personales, usadas normalmente como forma de acallar ideas.

Durante 40 años se ha aplicado la acción punitiva contra una parte de las drogas, como la única política pública, porque ha habido otras políticas, pero esas no han sido públicas. Hoy, después de 40 años las cosas están peor.

La otra fuente de alimentación del crimen es la impunidad, dígase el enorme vacío que por decisión o inacción dejan las instituciones públicas y en particular las encargadas de hacer cumplir la ley. En la medida que los Estados están más desarticulados y son más corruptos, las raíces del crimen son más extensas y profundas.

Las organizaciones criminales han crecido con mayor frondosidad, allí donde el Estado es más débil o inexistente, y me refiero al Estado no solo en la rama de la justicia, sino también en la educación, la salud, los servicios básicos, los empleos y en conjunto al escaso sentido de pertenencia a la familia, a la escuela, a la comunidad o al país. Es allí donde el crimen ha construido su propio estado y está construyendo su propio sentido de pertenencia.

En resumen, la solución al problema de la violencia es política y ante todo es responsabilidad de los políticos y de los ciudadanos.

Los mensajes que envían quienes a toda prisa quieren que se recurra al uso de la fuerza bruta o involucrar a la Fuerza Armada haciendo uso de su poderío militar, como la forma privilegiada de combatir la violencia, lo hacen o por ingenuidad o por impotencia o por pereza mental, y también podría ser por falta de inteligencia o mala fe. La contribución que pueden dar la PNC y la Fuerza Armada para reducir el crimen y la violencia solo es una modesta parte de la solución, repito, lo más importante es la decisión de los políticos y los ciudadanos.

Por estar en campaña algunos alcaldes y candidatos a alcaldes nos quieren hacer creer que si colocan unos cuantos agentes del CAM a las unidades de transporte colectivo la seguridad para quienes hacen uso del transporte público ya estaría resuelta. Este tipo de iniciativas más parece un concurso de ocurrencias y los tiempos no están para eso.