La sociedad civil independiente lleva años peleando por un El Salvador más democrático y sobre todo más justo. En ese sentido, el lenguaje reformista del FMLN ofrecía esperanzas de verdadero cambio, mayor compromiso con los pobres, mejoramiento y ampliación sustancial de las redes de protección social. La lentitud de estos procesos ha sido hasta el presente justificada con la situación de ruina en la que quedó la economía nacional, así como con la crisis internacional. Los pequeños pasos dados, que los hay, son bastante más humildes que las esperanzas despertadas.Precisamente esta distancia entre promesas, esperanzas y realidades se reflejó en las recientes elecciones. Y en vez de aprender la lección, parece que el FMLN quiere asumir la crisis con el mismo estilo prepotente con que ARENA enfrentaba sus problemas de gobernanza. La nueva correlación de los partidos políticos en la próxima, casi inmediata, Asamblea Legislativa crea problemas al actual gobierno. Y la reacción va más por la vía de la prepotencia partidaria que por la vía del diálogo. Con el agravante de abandonar una vez más a un buen aliado, como lo es una inteligente proporción de la sociedad civil.Se quiere ahora elegir, y de un modo oscuro y rápido, al nuevo fiscal general, a pesar de que el actual termina su período en septiembre. Y todavía peor, se quiere nombrar a los cinco nuevos miembros de la Corte Suprema a base de negociar cambios en la Sala de lo Constitucional y proponer una serie de nombres que da vergüenza incluso nombrarlos. La prepotencia se adorna además con una frase presidencial más sonora que racional: “No es cuestión de ética sino de aritmética”. Frase que podía ser también la base de los principios de cualquier empresario neoliberal duro, de los que se enriquecen sin ética a costa de los más pobres.El escenario de la crisis de seguridad que vive el país (la crisis no ha desaparecido con la reducción de homicidios) se volvería más turbio con un fiscal general directamente partidario, que abandonó hace tiempo su profesión de abogado y que se ha caracterizado por posiciones que ponen en riesgo tratados internacionales. Que el FMLN, que se ha opuesto hasta el presente a la pena de muerte, votara para fiscal general a alguien que tiene como plataforma legislativa y partidaria la restauración de la pena de muerte, coloca directamente en crisis la relación con la sociedad civil. Y lo mismo sucedería con el tema de la institucionalidad democrática en el caso de cambiar a los miembros de la Sala de lo Constitucional.Estos magistrados se han caracterizado por introducir en el ámbito de los derechos ciudadanos un soplo de libertad e independencia. Si de algo estaba harta la sociedad civil era precisamente de la sujeción y dependencia de la Corte Suprema con respecto al Ejecutivo. Y ahora se habla de poner al frente de la Sala y de la Corte a un personaje que fue líder en la protección de las cuentas de los políticos de ARENA a los que el FMLN atacaba y señalaba como corruptos. ¿Tanto cambia el deseo de poder? Y se menciona incluso como fuerte candidata a la Corte Suprema a una jueza que en unas pruebas para ascender a un juzgado de apelaciones llevó, sobre la puntuación normal de 10, una nota en torno al tres. La crisis está servida en estos escenarios. Y en el mediano y largo plazo solo habría un perdedor: el FMLN.