Si vetaba, entonces la Asamblea Legislativa debía rechazarlo y dejar con vida el aumento salarial; o aceptarlo y dejar sin efecto “todo” el decreto legislativo. Ahí está la “trampa”, el decreto también incluía otra medida altamente repudiable: la activación de una plaza congelada y la creación de una nueva plaza en la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Esto último no lo podía rechazar el presidente, porque es parte de un pacto político para asegurar a toda costa el apoyo de GANA y CN. 

El protocolo negociado “de antemano” por la saliente legislatura y para aplicarse a la nueva Asamblea Legislativa, con la bendición del FMLN, GANA y CN, era necesario para cambiar la correlación de fuerza en la junta directiva. Con 12 miembros, ARENA y el FMLN quedaban con cuatro cargos, y GANA y CN con dos cada uno. Al activar dos nuevas plazas, GANA y el CN pasan a tener tres cada uno, y en conjunto suman seis, le dan mayoría a los partidos minoritarios, y pasan por encima de la voluntad ciudadana expresada en marzo. 

Pero, ¿cuánto le cuesta al erario público la negociación de ese protocolo? Alrededor de $1,290,000 en tres años. Aquí no aplicó el criterio de “austeridad”, prevaleció el “despilfarro” por conveniencia política. Desglosemos esta cifra. Por pasar de la llanura a la junta directiva son unos $18,000 anuales más otros beneficios: (i) asignación de unos $168,000 para secretaria y apoyos técnicos; (ii) nuevos teléfonos con un costo de unos $400 mensuales, que totalizan $6,000 anuales; (iii) gasolina, unos $600 mensuales, otros $7,000 anuales; (iv) un carro de unos $36,000, en tres años $12,000 anuales, más unos $600 por mantenimiento; y (v) otros gastos propios de una nueva “oficina”, que suman unos $3.2 mil anuales. 

Eso totaliza $215,000 anuales, que por dos cargos en tres años costarán $1,290,000. Súmele o réstele 10% y eso pagaremos con nuestros impuestos. Esto es, 2.2 veces más que lo que habría costado el aumento para 20 diputados y, por no conocerlo hemos guardado silencio. FMLN, GANA, CN aceptaron las observaciones avalando este aumento. ARENA se “abstuvo” porque si lo rechazaba estaba a favor del aumento salarial para los 20 diputados. Por eso debió vetarse como un todo. 

La presión de la sociedad civil debe reactivarse, porque este gasto “debe revertirse”. Recordemos que Carlos Acevedo, presidente del Banco Central, recientemente señaló: “Estamos en una situación donde la caja (dinero efectivo) está tan apretada… que las necesidades del día a día del Gobierno se ven complicadas”. Entonces, si por “austeridad” se detuvo el aumento para 20 diputados, rechacemos el “despilfarro” por componendas políticas, que dejó viva la activación y creación de dos plazas de junta directiva que costarán $1.3 millones en tres años, que pagaremos todos con nuestros impuestos, aunque haya carencias sociales insatisfechas o falten medicinas en los hospitales o haya atrasos en los pagos de salarios o proveedores. 

Este gasto inapropiado, nombramientos de funcionarios de segundo grado, pago inadecuado por los fondos de pensiones deben ser los temas a defender por la sociedad civil.