En unos días podríamos tener una Corte Suprema de Justicia inoperante, ya sea descabezada, con dos grupos ocupando las mismas posiciones, un grupo actuando ilegalmente según las leyes de El Salvador, otro grupo con medidas cautelares y una casi segura condena de un organismo centroamericano cuestionado en su legitimidad e imparcialidad y sin ninguna capacidad de resolver sobre asuntos de Constitución de sus miembros, en este caso, de la nuestra. Está establecido sin ambigüedades que la única instancia competente para interpretar la Constitución es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Las acciones de la Asamblea con los votos de los mencionados va más allá de lo que pudimos imaginarnos, buscan anular la elección de dos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Emiten un decreto ilegítimo en el que apartan a la Fiscalía de su función de encabezar procesos penales, eliminándola de los casos de antejuicios de funcionarios ante la Asamblea, adjudicándose ella esa función, para no tener estorbo de ninguna clase si se les antoja enjuiciar y desaforar a alguien. 

Obviamente, esta medida está diseñada para hacerles daño a los magistrados que osaron desafiar su control total sobre la política, incomodándolos con fallos sobre recursos de inconstitucionalidad que les restan poder. Ayer mismo escuchamos a un diputado diciendo que si no acatan la resolución de la Corte Centroamericana, les quitarían el fuero y podrían someterlos a antejuicio. 

La situación de extrema irregularidad que vivimos es la peor en el corto tiempo que llevamos viviendo en democracia. De una manera diferente, usando artimañas legales, este grupo de partidos, la alianza FMLN-GANA y sus acólitos, está actuando dictatorialmente, regresando de una forma diferente a la época de las dictaduras militares. Vivimos días sombríos. 

La desprestigiada Corte Centroamericana de Justicia es el Órgano Judicial de la integración centroamericana que realmente no existe. Es el tribunal de arbitraje y de consulta. Basada en Managua, tiene dos magistrados nicaragüenses que se dice se pliegan a Ortega, dos hondureños del tiempo de Manuel Zelaya, afines a grupos de izquierda. El magistrado salvadoreño ha sido cuestionado por su cercanía con el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 

Cuando los legisladores conspiradores salvadoreños decidieron llevar ante esa instancia el fallo de la Sala de lo Constitucional no había muchas dudas de que sería admitida, con celeridad y mandaría suspender el acto reclamado. Es un organismo diseñado para interpretar alcances de la integración centroamericana, no para interferir con las Cartas Magnas de los signatarios. Recientemente cometieron el ridículo de emitir una sentencia condenatoria contra Costa Rica, que no está integrada a ese órgano, por supuesto fue ignorada.

En nuestro caso, sus acuerdos no tienen jurisdicción, pero según el bando promotor sí lo tiene, así que los magistrados recién electos podrían comenzar a ejercer sus funciones el próximo mes. Caos, sus resoluciones serán inválidas. En los próximos días veremos arreciar el accionar de la alianza contra la Sala de lo Constitucional. 

ARENA ofrece conversar para ponerse de acuerdo con el FMLN y terminar con el caos, esperamos que las cabezas pensantes del Frente comprendan que esto sería lo mejor, lo que la población espera.