En principio debiera ser fácil, todo funcionario tiene claro lo que la Constitución le manda. “Los funcionarios solamente podrán hacer lo que la ley les manda”, nada más, nada menos. Además, al asumir su posición juran cumplir su deber y quien los juramenta dice solemnemente “si así lo hiciereis, la patria os lo premie; si no, que os lo demande”. No hay muchos a quienes se les demande.

En el país son cada vez menos los funcionarios que juran realmente pensando y sintiendo lo que juran. No pasa mucho tiempo desde que asumen su puesto sin que el altamente embriagante elixir del poder los haga comenzar a perder contacto con la realidad, a creer que por estar del otro lado del escritorio son mucho más sabios y listos que los demás y, probablemente, entonces comienzan a desviarse de su juramento.

La institucionalidad en el país está en su momento más bajo desde los Acuerdos de Paz, según los índices que la miden internacionalmente. Cada vez es más alta la percepción de que desde los más altos funcionarios hasta los menores llegan a manejar las instituciones del Estado como que les pertenecieran a ellos, a su partido o al grupo de partidos que entran en arreglos para repartírselas y sacarles los beneficios personales o grupales que puedan.

En estos días, por las circunstancias que se han dado, han salido a luz las actuaciones corruptas, oscuras, en la Asamblea Legislativa, el órgano más desprestigiado del país, y en la Corte Suprema de Justicia, que por siempre ha sido absolutamente sellada con respecto a sus presupuestos y qué hace con ellos.

La limpia de bonos, prebendas y empleos innecesarios que inició el presidente recién pasado en la CSJ probablemente hayan sido el disparador de lo que vemos. La población se entera fidedignamente de que en la Corte los salarios son desproporcionados con respecto al mercado laboral, que magistrados han contratado por años a parientes, amistades, recomendados del partido o amantes.

La Asamblea Legislativa es igual o peor. Allí, aunque haya una promesa pendiente del actual presidente de proporcionar las listas del personal asignado a las diferentes fracciones con sus salarios, aún seguimos esperando; mientras tanto, nos enteramos por accidente de hechos que hacen oler muy feo lo que allí sucede: la amante o la esposa de un diputado de GANA trabajaba en el “batallón cobra”, el que no trabaja, solo llega a cobrar. Adicionalmente se filtró que los “asesores” de la fracción de GANA, con pocos diputados, superan a los de ARENA con casi el triple de diputados. Aparentemente el sistema de contrataciones es de casi absoluta discreción de quien manda.

La Fiscalía General de la República debería perseguir y someter a juicio a los funcionarios que delinquen. No vemos que haya muchos exfuncionarios ni reconocidos narcotraficantes tras las rejas, El sistema de justicia podrido es uno de los peores en institucionalidad, de lo que más daño hace.

Si seguimos exponiendo, llegamos a que las instituciones que funcionan bien son la excepción, no la regla; se pueden mencionar los ministerios de Obras Públicas, de Turismo, de Relaciones Exteriores, alguna autónoma, aunque una en especial es igual o peor que la Asamblea y la CSJ.

La campaña electoral que ha comenzado debiera centrarse en este tema.