Se nos dice, desde todas las fuentes disponibles, tanto nacionales como internacionales, que nuestro país padece un grave rezago en sus dinámicas de desarrollo, en comparación con otros de nuestro entorno. El tema ya se volvió de cajón, y por eso las reacciones frente al mismo van dejando de tener los impulsos motivadores que serían de esperar. En realidad, nuestras tasas de crecimiento económico se mantienen en un nivel que no permite dar saltos de calidad tanto en el despegue de la producción como en los niveles de vida; y, por otra parte, la conflictividad política viene siendo un factor notoriamente obstructor de toda la actividad nacional.

En el día a día del país lo que sobresale es la dispersión de esfuerzos, el aislamiento de posiciones, la falta de planificación sustentada, el reclamo de diversos sectores afectados por las adversidades del fenómeno real, el descontento social, el atropello de los políticos en la pugna por asegurar sus intereses y la ausencia de visiones que apunten certeramente hacia el futuro. Nuestra crisis, pues, no arranca de los números estadísticos sino de las actitudes que prevalecen en el ambiente. Y, en tales condiciones, lo que se propicia es el constante despilfarro de energías que deberían aplicarse a ordenar y empujar nuestra agenda de país.

Uno de los núcleos de toda esta situación se halla en el desempeño de las instituciones públicas. Es de lógica elemental que una sociedad, cualquiera que sea, necesita un marco institucional que no sólo funcione como corresponde a su naturaleza, sino que les dé el debido sustento de seguridad y de credibilidad a todos los procesos políticos, económicos y sociales que forman parte de la vida cotidiana. Nuestra institucionalidad es demasiado frágil y voluble para cumplir a satisfacción con dicho cometido, y ahí está una de las fallas principales de todo nuestro sistema de vida. La reforma institucional es, pues, un trabajo urgente por hacer.

Todo lo anterior nos indica que estamos necesitando un ejercicio de cohesión nacional que haga posible que todos los deberes de corrección y de ordenamiento pendientes puedan ser cumplidos en forma certera y garantizada. Que las instituciones funcionen, que los motores productivos se activen, que el país aproveche sus ventajas comparativas, que los servicios básicos respondan a las necesidades para los que han sido creados, que la inversión social se oriente hacia el desarrollo personal y colectivo. Son sólo algunas de esas tareas que requieren un tratamiento integrado, que sólo puede alcanzarse a partir de metas, agendas y proyectos de consenso nacional.

Nos preguntamos: ¿Por qué es tan difícil aunar voluntades en un esfuerzo que se presenta tan evidentemente necesario? Dos palabras saltan de inmediato: prejuicios e intereses. Vivimos aún dentro del círculo de los prejuicios heredados, sobre todo en el ámbito de la política. El mundo, en la realidad, nunca fue blanco y negro, y ahora mucho menos. Hay que seguir internamente la lógica de los tiempos: superar barreras y desactivar fronteras. Y, en cuanto a los intereses, hay que poner las cosas en su puesto: preservar legítimos intereses individuales y de grupo es muy distinto a imponer intereses mezquinos y perversos. Además, hay que potenciar el bien común.

El día en que todas las fuerzas nacionales se dispongan a enfilar sus respectivas acciones y reacciones dentro de ese carril de democracia en vivo, podremos atisbar al fondo la salida del túnel. Cohesión en los propósitos para lograr cohesión en los resultados.