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  • Cementerio. Estos furgones permanecen a la intemperie en el lado nicaragüense de Peñas Blancas. En cada uno de ellos se encontró droga o dinero, según las autoridades.

  • Detección. Jack es un pastor belga, de cuatro años de edad, que está entrenado para detectar marihuana, cocaína, heroína y éxtasis. Es manejado por la Fuerza Pública tica.

  • Revisión. Los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) tienen una oficina de planta en la frontera de Peñas Blancas.

Drogas
Un informe costarricense de abril de 2012 reseña que el narcotráfico es el segundo delito más recurrente en los 2,595 extranjeros presos en ese país.
Combate
El viceministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa, reconoce que pese a las incautaciones la cantidad de cocaína que pasa por la región es altísima.
La cocaína suramericana tiene un paso incesante en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Lo saben las autoridades costarricenses del más alto nivel. Y no lo esconden: lo admiten como parte de una realidad inevitable. En 2012, la Policía costarricense decomisó 2.8 toneladas de cocaína en la frontera de Peñas Blancas. La quinta parte de esa droga, aproximadamente, era trasladada por salvadoreños o en furgones con placas de El Salvador.

Peñas Blancas, sin embargo, es solo uno de los puntos donde las autoridades de Costa Rica decomisaron cocaína durante 2012. La incautación anual fue de poco más de 15 toneladas, 15,000 kilos que eclipsan los 361 kilos que se decomisaron en El Salvador en el mismo periodo. Mucho más que lo incautado por El Salvador durante, por lo menos, los últimos cinco años. Pese a la abismal diferencia, el viceministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa, da a entender que únicamente le alcanzan a echar el guante a un ínfimo porcentaje.

“El Comando Sur de Estados Unidos estima que lo que se decomisa en la región, dentro de las zonas de tránsito, entre Venezuela, Colombia y hasta México, es el 3%. Y especula que entran alrededor de 1,500 toneladas”, dice Gamboa. El Comando Sur, unidad militar que se encarga, entre otras cosas, de la monitorización del narcotráfico en América Latina y el Caribe, aclara la cifra del funcionario de Costa Rica. A través de la embajada en El Salvador, el Comando Sur sostiene que esas 1,500 toneladas de cocaína son lo que se calcula que se fabrica anualmente. Dos terceras partes, no obstante, atraviesan el corredor centroamericano y México. Es decir, 1,000 toneladas. Lo que Costa Rica ha decomisado representa, de hecho, apenas un 1% de lo que estaría movilizándose hacia Estados Unidos.

Entre el 8 de mayo de 2010 –fecha en que asumió el Poder Ejecutivo la presidenta Laura Chinchilla– y el 16 de diciembre pasado, Costa Rica incautó 26.4 toneladas de cocaína. El ritmo se aceleró durante el año pasado. Pero diversas fuentes consultadas de ese país no ven en ello un aumento del narcotráfico: han llegado a convencerse de que simplemente han logrado incautar más. Consideran que la movilización de drogas por la región viene siendo exactamente la misma desde hace varios años.

“Si por ejemplo la Firestone estuviera en Colombia y lo que producen son 100,000 llantas al año, el estándar de cambio va a ser muy poquito, respecto de 2008 a esta fecha. O de 2006 a esta fecha. Y como la producción es muy semejante, nosotros como bloque centroamericano o incautamos más o incautamos menos droga”, ilustra el fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada de Costa Rica, Walter Espinoza, en una entrevista hecha en diciembre de 2012, como todas las de este reportaje.

La porosidad de Peñas Blancas no solo es evidente en las múltiples incautaciones de droga que se realizan en la frontera. La parte norte de Guanacaste, región donde está la frontera (cantón La Cruz), posee condiciones propicias para el narcotráfico: apenas un puesto fronterizo oficial, multiplicidad de pasos ciegos, un aeropuerto internacional –el Daniel Oduber–, varios aeródromos estatales, poca violencia (no hubo homicidios en 2012 en el cantón La Cruz, según la Policía) y costa marina de sobra.

Jefes policiales de la zona explican que ese territorio es de perenne ingreso ilegal de migrantes nicaragüenses, además del explícito narcotráfico. La Fuerza Pública –Policía de seguridad pública costarricense– posee 256 agentes para darle seguridad a 105 kilómetros de cordón fronterizo en Peñas Blancas, además de su trabajo normal como Policía.

Rodrigo Campos, juez coordinador del Tribunal Penal de Liberia (Guanacaste), explica que en los juzgados de esa región se han tramitado casos de narcotráfico detectados por vía marítima, aérea y especialmente terrestre.

La información de inteligencia que tienen las autoridades ticas apunta a que en Costa Rica operan principalmente tres carteles: Sinaloa, la Familia Michoacana y del Golfo. Espinoza dice que la detección de estos se ha dado “en términos hipotéticos, de hipótesis policial. Con bastante razonabilidad y fundamento, pero no con una precisión total. Como son negocios que funcionan de manera arcana, pues siempre hay margen de error en eso”, detalla.

¿Por qué cree que otros países de Centroamérica no incautan tanta droga? Espinoza lo llama mejores controles. Gamboa lo llama coordinación y, además, una ventaja geográfica. “Estamos a una distancia menor de los países productores, hablamos de Colombia y Venezuela donde hay una mayor cantidad de incautaciones”, dice Gamboa.

La Policía de Control de Drogas (PCD) es la responsable de la mayoría de incautaciones de droga en Costa Rica. Gamboa se ufana de ellos. “Todos me piden la clave”, dice al hablar de la metodología de los constantes decomisos.

La PCD es, según Gamboa, un grupo élite de policías, bastante reducido (asegura que los conoce casi a todos), bien pagado (ingresan ganando $1,500, según el funcionario) y que han pasado por un proceso de selección que incluye, a veces, una entrevista de varias horas con él, el viceministro. Asegura, también, que el cien por ciento de casos que la PCD investiga llega a una condena.

“Esa estadística no la manejamos de esa forma. Le puedo decir que pudiera haber casos donde por alguna cuestión eminentemente jurídica el asunto no culmine con una condenatoria. Pero yo no podría ser tan tajante de decir al cien por ciento. Es que cada caso tiene sus propias particularidades”, dice, en cambio, el juez Campos y aclara, eso sí, que habla únicamente por su tribunal.

Y es ahí, donde la practicidad toca puerto, donde la fragilidad de la frontera se empieza a hacer más patente. Espinoza dice que poseen investigaciones de bandas dedicadas al narcotráfico –con salvadoreños involucrados–, pero también admite que la información de inteligencia que señala la presencia de carteles mexicanos en el país no tiene incidencia dentro del proceso judicial: es orientativa.

“Evidentemente hay un tema de tráfico internacional. La cara vista del fenómeno es el señor que va conduciendo el vehículo, pero hay una estructura detrás de él”, dice el fiscal Espinoza, que también explica que es complicado procesar a una red transnacional como tal, por las particularidades legales de cada país. La salida es, dice, informar a cada país cuando un compatriota resulta vinculado a delitos.

Gamboa también admite que procesar las redes transnacionales es más complejo. Y tácitamente reconoce que tampoco están procesando a los cabecillas: “Sin armonización legal, sin herramientas legales que nos permitan hacer investigaciones conjuntas (...) los esfuerzos país, que son muy loables, muy respetables, no impactan de manera contundente a estas organizaciones”. Y añade: “Si hace un censo por las cárceles salvadoreñas, nicaragüenses, costarricenses y también hondureñas se va a percatar de que las personas que están privadas de libertad son personas dispensables, dentro del esquema del narcotráfico (...) Son choferes de camión, capitanes de lancha. Estas personas son repuestas por las estructuras de narcotraficantes en cinco minutos”, dice el viceministro.

Para el funcionario, la clave está en la investigación financiera. Y en reducir la demanda, “debe haber una atención regional, porque los muertos de esta situación lo está pagando Centroamérica, para poder satisfacer las necesidades de mercado de otros países”, dice, y agrega que Estados Unidos debe enfatizar en la prevención del consumo “urgentemente”.

El juez Campos también ilustra que los casos de alta complejidad transnacional son raros en su tribunal: “Yo como juez nunca he participado en un asunto donde haya habido una investigación tan amplia como que podamos hablar de crimen organizado (...) El común denominador en todos esos casos es una revisión (del vehículo). Y ahí ya logran detectar la evidencia, pero eso es lo que hay”.

Los datos de los juzgados le ponen rostro a lo dicho por Gamboa: los presos por narcotráfico son personas desechables para los capos. El común denominador de los procesados por el delito de tráfico internacional son hombres, entre los 30 y 60 años, de clase media a baja y vulnerables a ser cooptados, según el juez Campos. Otra característica común es decantarse por un juicio abreviado, que implica admitir el delito pero nada más.

Campos explica que lo hacen para garantizarse una reducción de la condena, pero no admiten más allá que trasladaban droga. Es muy raro, comenta, que se conviertan en soplones.

Es la opción que tomaron dos salvadoreños detenidos por trasladar cocaína en 2012. Luis Alberto Parada fue arrestado el 7 de abril intentando pasar la frontera con 256 kilos de cocaína ocultos en las llantas de un furgón a nombre de otros dos salvadoreños. Fue condenado por el Tribunal Penal de Liberia, en un proceso abreviado el 12 de septiembre de 2012, a siete años de prisión.

Sobre Parada, la Fiscalía salvadoreña ha afirmado que han comprobado fehacientemente que está vinculado a una estructura transnacional de narcotráfico.

Otro motorista salvadoreño, Carlos Ernesto Hernández, fue condenado a siete años de cárcel por el Tribunal Penal de Liberia. Este fue detenido el 8 de junio en Peñas Blancas al trasladar cocaína en los tanques de combustible del furgón. En ambos casos los motoristas negociaron su pena y podrían estar libres en tres años por beneficios penitenciarios, de acuerdo con el juez Campos.

El cuestionamiento de las posibles falencias del sistema causa incomodidad en las autoridades. Por ejemplo un oficial de la PCD que fue procesado por trasladar un kilo de cocaína, según Espinoza. Gamboa, sin embargo, dijo que solo sabe de uno procesado por hurto.

La posible infiltración causa más escozor con la mención de un caso en específico: la denominada “banda Televisa”: 18 mexicanos capturados en Nicaragua con más de $9 millones encaletados en varios vehículos y que se movilizaban bajo el disfraz de ser periodistas de Televisa. Algunos de los mexicanos ingresaron hasta 40 veces por la frontera de Peñas Blancas desde 2008.

El fiscal Espinoza prefiere sacar el balón: “Los nicaragüenses tampoco los habían detectado”. Gamboa, por su parte, hace un mea culpa al valorar: “Esto es un ejemplo para aprender. La Policía no puede tener zonas de confort”. Ambos coinciden en que el “perfil” no se adecuaba a lo que estaban acostumbrados. Tampoco ahondan sobre el proceso contra un oficial de migración que facilitó la entrada a los mexicanos, que se movían a sus anchas, como relata el tramitador de la frontera nicaragüense: “Los hubiera visto. Los trataban como diplomáticos, nadie los revisaba, eran los mismos policías que los andaban”. Y Peñas Blancas, como se verá en la segunda entrega, es más que eso: puntos ciegos, filas de furgones y mucha –mucha– facilidad para ser tentado por los narcotraficantes.