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Demanda. Los microbuses de la ruta 38, de Apopa, sí prestaron el servicio, pero estuvieron sobredemandados.

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  • Demanda. Los microbuses de la ruta 38, de Apopa, sí prestaron el servicio, pero estuvieron sobredemandados.

  • SaturadasVarias personas abordaron un microbús de la ruta 26 debido a que la ruta 42 no prestó el servicio en apoyo al paro convocado por los motoristas.

  • Sin poder viajar. En la terminal de oriente los usuarios del transporte esperaron por horas a que llegaran rutas que los llevaran a la zona oriental y paracentral.

  • Alternativo. El VMT autorizó a los buses amarillos para que cubrieran las rutas donde el servicio fue suspendido, una de ellas fue la ruta 4 de Ciudad Delgado.

  • Reclusos. Al menos 169 presos permanecen todavía en Guantánamo, muchos de ellos detenidos desde la década pasada.Preso. Khalid Sheik Mohamed, preso en Guantánamo, es considerado el cerebro de los atentados del 11/9.

Demanda. Los microbuses de la ruta 38, de Apopa, sí prestaron el servicio, pero estuvieron sobredemandados.
50
rutas hicieron paro que operan en el AMSS.
70%
de apoyo de rutas al paro, según los transportistas.
“Esperamos poder concluir todos estos procesos para poder sentar un precedente.”
Nelson García
viceministro de Transporte
“Esperamos que nos notifique para que hagamos un juicio justo. Tenemos causa más que justificada.”
Elizardo González Lovo
AEAS
El Pentágono defendió ayer la decisión del juez encargado de las comisiones militares de Guantánamo, donde se procesa a acusados de los atentados terroristas del 11/9, de mantener censurados parte de los testimonios de los presos por motivos de seguridad nacional.

El teniente coronel Todd Breasseale, un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, señaló que la imposición de una “orden de protección” es una medida “responsable”, puesto que se tratan asuntos que afectan a la seguridad nacional.

“Es lo que todos los tribunales hacen para manejar responsablemente la información de seguridad nacional, al tiempo que se garantiza que el acusado reciba un juicio justo y que el proceso sea tan abierto y público como sea posible”, argumentó.

El juez de la comisión militar, el coronel James Pohl, ha admitido la petición del Gobierno estadounidense de que se mantengan los 40 segundos de retraso en la retransmisión del proceso, que puede seguir el público y la prensa por circuito cerrado.

Este retraso da un margen a las autoridades militares para que decidan si lo comentado es información clasificada y, en caso afirmativo, el audio es interrumpido y lo dicho queda omitido.

Breasseale explicó que el juez militar tomó la decisión después de recibir “informes extensos” y de haber escuchado testimonios orales sobre el impacto que podría tener la publicación de los testimonios.

Un grupo de 14 medios de comunicación y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitaron que este retraso fuera eliminado por considerarlo “injustificado”.

Molestia

La ACLU ha denunciado que se trata de un pretexto para que el Gobierno estadounidense “mantenga ocultos a la opinión pública los testimonios de los acusados sobre sus torturas”.

En su auto, Pohl considera el “breve retraso” como la forma “menos intrusiva y perjudicial” para mantener la “transparencia” del proceso y, al mismo tiempo, “preservar los intereses de la seguridad nacional”.

“Estamos profundamente decepcionamos por la decisión del juez militar”, lamentó la directora del Programa de Seguridad Nacional de ACLU, Hina Shamsi, quien consideró que el Gobierno “quiere asegurarse de que los estadounidenses nunca escuchen los testimonios de los acusados sobre las torturas ilegales de la CIA”.

Esta decisión, según Shamsi, “socava la afirmación del Gobierno de que el sistema de comisiones militares es transparente” y “asesta un duro golpe a su legitimidad”.