Ya es segunda vez en menos de cinco años que se encoge la bancada legislativa de ARENA por la fuga de diputados electos bajo su bandera. Obviamente la cúpula tricolor no ha estado haciendo bien su tarea de selección de candidatos y tampoco ha logrado hacer lo necesario para mantener la cohesión entre sus legisladores. Esos son asuntos a los que ARENA debe prestar más atención; pero las principales causas y las más graves consecuencias de esas fugas ponen de manifiesto un problema de país más que uno de partido.

Antes y ahora, los diputados que se han ido o se han hecho expulsar de ARENA alegan marginación y discrepancias con la dirigencia del partido que los acarreó en su camino a la Asamblea Legislativa. Lo curioso es que ese partido no ha cambiado mucho en los últimos años. Tiene las mismas autoridades, la misma ideología y el mismo modo de ser con los que aparentemente los legisladores se sentían cómodos antes de fugarse; es el mismo partido del que aceptaron apoyos y favores para hacerse de una posición en el Órgano Legislativo.

Por esa razón, no dejan de ser sospechosos los súbitos ataques de conciencia –con picazón, fiebre y todos los demás síntomas– que dicen experimentar los diputados que de pronto se vuelven disidentes. Cualquier ciudadano está en su pleno derecho de repudiar a un determinado partido político y, de hecho, todos nuestros partidos son repudiables en mayor o menor medida; pero, en el caso que hoy nos ocupa, todas las cosas feas que se le pudieran achacar a ARENA estaban a la vista cuando estos señores decidieron libremente incorporarse y aceptar sus respectivas candidaturas.

Soy demasiado ajeno a las intimidades de los círculos políticos como para saber si los diputados tránsfugas realmente se vendieron; pero generalmente cuando alguien moquea, tose y estornuda, es porque tiene catarro o algo peor. Si los reclamos de ARENA tienen fundamento, si esos diputados efectivamente recibieron dinero por separarse de su partido, el problema de fondo no sería de ARENA sino del país; es un problema grave de corrupción e impunidad que nos perjudica a todos los salvadoreños.

Ya de por sí es nefasto y preocupante que se esté volviendo normal alterar con dinero la correlación de fuerzas políticas que resulta de la voluntad popular expresada en las urnas; pero es además muy frustrante que sean tan pasivas las instituciones que debieran ser muy acuciosas en la investigación e implacables en el castigo de los hechos de corrupción. Y si es cierto lo que se escucha, que las cantidades de dinero involucradas en esas transacciones son muy elevadas, razón de más para alarmarse, porque esa clase de dinero siempre es dinero maldito.

Si así estamos, en vez de elecciones debiéramos llevar a cabo una gran subasta pública. Al menos así sería más transparente la distribución real del poder político, el Estado se ahorraría lo que cuestan los eventos electorales, y los ciudadanos sabríamos que no han cambiado mucho las cosas desde aquellos tiempos cuando los grandes hacendados iban a las plazas de las ciudades a comprar a sus esclavos.

El problema no es que haya diputados dispuestos a apartarse de la línea de su partido cuando en verdad tengan razones para pensar que un voto diferente es más beneficioso para los ciudadanos que los eligieron o para el país en su conjunto. Eso sería deseable y muy congruente con los principios constitucionales. Lamentablemente, esa línea de razonamiento justificativo parece no ser más que un pretexto para cambiarse de bando y para obedecer a otros amos.

Si el voto de aprobación del presupuesto para el año 2013 hubiese sido, como alegan, un voto de conciencia, lo menos que cabría esperar es que se negaran a darlo mientras no se analizara exhaustivamente para verificar si las cifras presentadas por el Ejecutivo reflejan una estimación objetiva de los ingresos y egresos. No habrían aprobado un presupuesto que necesita crecientes niveles de endeudamiento para gastos que poco contribuyen al desarrollo económico y social del país.

Lejos de eso, hicieron exactamente lo mismo que tantas veces hizo ARENA. Aprobaron el presupuesto sin conocimiento ni discusión, irresponsablemente, sin visión de país.