La primera entidad financiera por volumen de activos en España tiene los pies de barro metidos dentro de una ciénaga. La amenaza de insolvencia ha empujado al gobierno del PP a decidir su nacionalización. Se llama Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Es el resultado de la fusión de siete cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid –la cuarta entidad de España por tamaño– y Bancaja –la sexta.

BFA es a su vez accionista mayoritario de Bankia, el nuevo banco que agrupa los activos sanos de las siete cajas de ahorros integradas. El 48% del capital de Bankia –el resto sigue en manos de BFA– salió a Bolsa en julio del año pasado a un precio de $4.9 por acción; ahora apenas alcanza $1.30 y sigue en caída libre. Solo dos años después de su nacimiento, BFA y Bankia, con 11.5 millones de clientes, 4,000 oficinas desplegadas por toda España y una cuota de mercado del 10%, se ha convertido en el mayor fiasco de la historia financiera del país.

Mariano Rajoy decidió intervenir la entidad en mayo y sacrificar a su presidente, Rodrigo Rato, que sale por la puerta trasera del fracaso aunque él no se considera culpable de lo ocurrido.

La operación que facilitó la unión de las siete cajas fue impulsada por el Banco de España; apoyada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero; autorizada por los ejecutivos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid y bendecida por los consejos de Administración de todas las cajas. Esa ambiciosa apuesta bancaria que contó con todos los avales oficiales necesarios está hoy bajo sospecha de estafa, con una investigación abierta en la Fiscalía y varias querellas anunciadas. Además, la viabilidad de BFA y Bankia depende de una inyección de fondos públicos superior a $24,700 millones.

Una situación catastrófica que nadie podía imaginar hace solo cinco años. En 2007, Caja Madrid ganó $3,718 millones y Bancaja, $638 millones. Entre ambas cajas sumaban de beneficios casi la misma cantidad que perdió el año pasado BFA, el banco que hoy las agrupa ($4,313.4 millones). En solo cinco años, se pasó de una inmejorable cuenta de resultados a un fracaso estrepitoso con graves consecuencias. El desmoronamiento de este recién nacido coloso financiero se explica, según los expertos, teniendo en cuenta varias circunstancias.

—La crisis económica que afloró a finales de 2007 ha causado más de tres millones de parados nuevos, lo que ha desencadenado un incesante aumento de la morosidad en los bancos. Las entidades que más créditos hipotecarios tienen concedidos a familias con rentas más bajas, como ocurre con Caja Madrid, han sido las más perjudicadas. Su solvencia se resiente.

—El riesgo adquirido por inversiones en suelo o préstamos a promotores se disparó hasta hacerse insoportable por culpa del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Los promotores dejaron de pagar y los terrenos perdieron casi todo su valor.

—La agrupación de cajas de ahorros que tienen idénticos agujeros por inversiones fallidas vinculadas al ladrillo agrava sus problemas.

—La escasa capacidad de algunos equipos gestores de las cajas de ahorros que toman decisiones equivocadas complica la salida del agujero.

Para intentar explicar lo ocurrido, se ha recogido la versión de una decena de consejeros y exconsejeros de Bankia, BFA y Caja Madrid; ha preguntado a algunos dirigentes políticos que han vivido la crisis muy de cerca, y ha pedido a algunos expertos que analicen los acuerdos adoptados en estos cinco años en las principales cajas de ahorros que protagonizan la fallida experiencia.

Bankia es la suma de los activos sanos de siete cajas de ahorros. La nueva entidad tiene uno de cada 10 créditos a clientes en España (190,000 millones a finales de 2010) y, en depósito, uno de cada 10 euros ahorrados por los ciudadanos ($247,000 millones). Los préstamos hipotecarios suponen el 45% de su cartera crediticia, con una morosidad del 5.7%. Los créditos a promotores inmobiliarios sumaron $42,900 millones en 2011 con un 16% de morosidad, casi cinco veces más que los impagos registrados en los préstamos a particulares para compra de vivienda.

El colosal tamaño de Bankia convierte sus dificultades en una tragedia nacional. Su creación a finales de 2010 con la suma de los mejores negocios de cajas de ahorros centenarias pretendía resolver problemas futuros. Ahora, muchos creen que la fusión agravó problemas pasados.

El gobierno socialista impulsó en 2009 el proceso de reestructuración del sistema bancario español con la intención de fortalecer a las cajas de ahorros mediante fusiones apuntaladas con enormes cantidades de dinero público. El Ejecutivo pretendía evitar así la quiebra de entidades financieras que carecían de capital suficiente para hacer frente a sus créditos fallidos y a sus inversiones fracasadas como consecuencia de la crisis económica e inmobiliaria.

Caja Madrid comenzó en 2009 a estudiar las posibilidades de integración con otras entidades. Su presidente, Miguel Blesa, que llegó al puesto en 1996 de la mano de su amigo José María Aznar, barajó la posibilidad de fusionar a Caja Madrid con alguna entidad gallega o con la valenciana Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). “Nos contaron entonces en reuniones informales que los presidentes Francisco Camps y Alberto Núñez Feijóo se opusieron. Blesa sabía que la Caja de Ahorros del Mediterráneo estaba mal, pero era más pequeña y creía que podría ser un buen negocio a medio plazo”, recuerda un consejero. “En aquel momento”, cuenta otro, “Blesa ya explicaba que Bancaja no servía como pareja porque era un pozo sin fondo”.

El año 2009 fue un ejercicio frustrante en la búsqueda de un socio idóneo para que Caja Madrid encarase con garantías la travesía del desierto de la crisis económica; un año perdido en el que la tormenta financiera no fue lo peor que descargó sobre Caja Madrid.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, desplegó en 2009 una tenaz batalla para tomar el poder de la entidad financiera. Su principal objetivo era desbancar a Blesa, con el argumento de que ya había cubierto el plazo máximo para ocupar ese puesto, y sustituirle por quien era su mano derecha, el vicepresidente autonómico, Ignacio González. Poco importaba que careciera de experiencia en la gestión bancaria y que los partidos, incluido el PP, defendieran la necesidad de despolitizar las cajas. Aguirre reproducía una vieja costumbre en Caja Madrid según la cual los políticos, de un partido o de otro, copaban los puestos de su Consejo de Administración aunque carecieran de conocimientos adecuados.

Todavía hoy, esposas de consejeros o senadores del PP, muchas sin cualificación para ocupar esos puestos, están colocadas en consejos de empresas de Caja Madrid, al igual que políticos del PSOE o de IU sin preparación. Rato fichó a Carmen Cavero, licenciada en Ciencias Económicas y esposa de Ignacio González, para el Consejo de Bankia.

En la lucha por colocar a González al frente de Caja Madrid, la presidenta Aguirre se topó con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que se atrincheró en defensa de Blesa. La pugna interna en el Partido Popular por el poder financiero de Madrid se convirtió en escándalo público. Meses después de la descarnada disputa, Rajoy impuso a su candidato, el ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, para presidir Caja Madrid. Aguirre aceptó su derrota y Ruiz-Gallardón se dio por satisfecho.

En enero de 2010, con la fusión de Caja Madrid pendiente, Rato tomó posesión del cargo, recompuso las alianzas políticas dentro del Consejo de Administración para garantizarse un mandato estable y se preparó para el futuro en una entidad que empezaba a sufrir en sus balances el resultado de una desenfrenada carrera hacia el precipicio del crack inmobiliario.

“Blesa había relanzado Caja Madrid hasta convertirla en la cuarta entidad financiera de España. En 2006 ganaba ya $1,300 millones al año. En 2007 logró unos resultados históricos de $3,718 millones de beneficios tras vender el 10% de Endesa (105 millones de acciones) por el doble del precio al que se adquirieron los títulos. Además, en esos años la morosidad era tan baja que todo se relajó más de la cuenta”, señala un antiguo miembro del Consejo de Caja Madrid para explicar la facilidad con la que se prestaba dinero para el negocio inmobiliario.

“¿Por qué dimos tantos créditos a promotores y tantos préstamos a familias para la compra de viviendas?”, se pregunta ahora un exconsejero que estuvo en la época de los beneficios históricos. Y se contesta: “Bueno, lo que hicimos fue acompañar financieramente al modelo productivo que había en esos momentos en España. Un modelo basado fundamentalmente en el ladrillo”. “Sí”, se lamenta otro, “fuimos los alumnos aventajados de ese modelo. Dimos más créditos y nos embarcamos en más operaciones que nadie”.

Entre 2004 y 2006 se iniciaron cada año en España más de 600,000 viviendas libres con el soporte financiero de los bancos y, mayoritariamente, de las cajas de ahorro. En 2010, apenas llegaron a 100,000 las viviendas libres iniciadas.

Los políticos que se sentaban en el Consejo de Administración intentan defenderse por su permanente silencio ante el desbocado negocio inmobiliario en el que se enredó Caja Madrid. Recuerdan que cada préstamo importante –más los que afectaban a medios de comunicación– pasaba por el órgano. Todos los consejeros recibían días antes un informe de cada operación con una propuesta del comité financiero de Caja Madrid.

En esos documentos se explicaba la operación propuesta, las garantías de esta, las fuentes para devolver el préstamo, el perfil del cliente y una valoración sobre la viabilidad del negocio. Los políticos que se sentaban en el Consejo de Administración, según cuentan varios de ellos, casi nunca rechazaban las propuestas de los técnicos.

Con ese procedimiento, Caja Madrid prestó a la quebrada Martinsa-Fadesa $1,300 millones para la compra de suelos por toda España, y participó en un crédito sindicado de $5,200 millones a Metrovacesa para un negocio de alquiler de oficinas que resultó un fiasco y que obligó a la entidad financiera a quedarse con el 9% de la compañía.

Caja Madrid también entró con fuertes sumas de dinero en operaciones estratégicas para el gobierno de la Comunidad de Madrid que arrojaron importantes pérdidas y cuya viabilidad es incierta, como el Parque Warner en San Martín de la Vega, con una inversión de $260 millones, las radiales de peaje o el tren de Arganda.

Rato asumió el poder en enero de 2010 cuando la entidad ya no daba beneficios milmillonarios y entraba en dificultades por los nuevos requisitos de solvencia que exigía el Banco de España.

Rato se puso a buscar, en colaboración con el Banco de España, aliados para afrontar el incierto futuro y se fue consolidando una opción conservadora. “Todos estábamos preparados para una integración con cinco cajas de ahorros pequeñas (Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja)”, recuerda un consejero de Caja Madrid, “pero un día llegó Rato y nos contó que el Banco de España había dispuesto que la integración se hiciera también con Bancaja. Fue una sorpresa”. Pero nadie levantó la voz para negarse.

“La fusión de Caja Madrid con Bancaja fue un matrimonio con pistola en mano”, señaló el pasado 17 de mayo Esperanza Aguirre cuando ya se conocía el estallido de la crisis de BFA y Bankia. La presidenta madrileña pretendía culpar al Banco de España de la crisis. Dos años antes, cuando se produjo la fusión, autorizada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, Aguirre se felicitó: “Es una noticia positiva para todo el sistema financiero español, pero especialmente para la Comunidad de Madrid, puesto que esta nueva caja va a ser la más grande entidad financiera dentro de España. Es algo muy positivo que en estos momentos conviene a todo el sistema español y, desde luego, a los ciudadanos madrileños”.

El día que el Consejo de Administración de Caja Madrid aprobó la fusión, a finales de julio de 2010, al menos dos consejeros pidieron los datos desagregados de cada una de las cajas de ahorros con las que se iba a producir la operación. “Nos dieron cifras globales y Rato señaló que no podía facilitarnos datos sobre las interioridades de cada una de las cajas con las que nos íbamos a fusionar.” La integración llegaba con el aval de las auditorías de Deloitte y con el respaldo del Banco de España, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Ministerio de Economía. “Nosotros no empujamos especialmente esa operación”, señala un ministro de Zapatero, “era Rajoy quien quería un banco potente del PP que pudieran controlar”. Un consejero socialista de Caja Madrid ofrece una versión distinta y explica que Virgilio Zapatero, exministro y vicepresidente de la entidad financiera, defendió entre los suyos el voto favorable a la fusión porque así lo quería el gobernador del Banco de España y el gobierno central. No fue una fusión con pistola en mano, pero tampoco fue una fusión con todos los datos en la mano. Se aprobó por unanimidad.

Cinco meses después, en la reunión habitual de planificación que se celebraba en el parador nacional de Toledo, Rato y sus ejecutivos de Caja Madrid explicaron a los consejeros algunos detalles sobre Bancaja. “Allí vimos que tenía el doble de morosidad que Caja Madrid con la mitad de tamaño. Nos detallaron la cantidad de empresas inmobiliarias en las que participaba Bancaja y Rato llegó a decir que había que contratar a lo mejor del sector inmobiliario para gestionar todo el ladrillo”, explica uno de los presentes en la reunión. Los mejores comerciales del sector inmobiliario tampoco serían capaces de sacar nada bueno del latifundio de suelo y ladrillos que atesoraban las cajas. Un ejecutivo de Bankia lo explica así: “Cuando pedimos una relación de los suelos más atractivos en la Comunidad Valenciana para poder comercializarlos, nos hablaron de terrenos en primera línea de playa, y cuando fuimos a verlos nos encontramos con suelos a 500 metros del mar y detrás de una autopista. Encontramos otra caja que promovía una urbanización de 1,000 chalés en pueblos de 800 habitantes”. “Cuando conocimos los datos de Bancaja en la reunión de Toledo, empezamos a temer que se había metido en Caja Madrid un cáncer tan grande que no lo podríamos resistir. Aunque Bancaja tenía buenas participaciones industriales, como la de Iberdrola, pronto nos dimos cuenta de que no compensaba su agujero inmobiliario”, relata un consejero.

Pese a las malas noticias, Rato continuó su huida hacia adelante componiendo equipos a los que recompensaba como nunca se había hecho en Caja Madrid. Algunos consejeros políticos que llegaron en la etapa de Blesa y que continuaron en el mandato de Rato multiplicaron por tres y por cuatro sus ingresos. “Cobraban entre $104,000 y $156,000 al año con Blesa, pero Rato, con un sueldo de $3.12 millones, les puso en BFA o en Bankia y algunos llegaron a cobrar hasta $650,000. En los consejos, nadie rechistó ni pidió bajar los sueldos.” Nunca hubo en las cajas sueldos tan grandes con resultados tan pobres.

Cuando Rodrigo Rato preparaba su último movimiento para escapar de la quiebra y había pactado en mayo pasado con el Banco de España un plan de viabilidad –ayudas públicas de $8,255 millones y beneficios garantizados a finales de 2012–, el gobierno nacionalizó BFA y le apartó de la presidencia. Su sustituto, José Ignacio Gorigolzarri, aprobó pérdidas de $4,290 millones donde se habían registrado beneficios de más de 390 millones, y destapó un agujero de $29,900 millones que era necesario cubrir con fondos públicos para garantizar la salida del pozo. Cuando conocieron la nueva realidad, algunos consejeros estallaron: “No somos delincuentes”.

Rato está en el punto de mira del 15-M. Rodrigo Rato, el banquero; Rodrigo Rato, el político. Para los indignados, el expresidente de Bankia, exministro de Economía y ex director gerente del FMI simboliza, como pocos, una manera de ejercer las responsabilidades que ha cobijado o conducido a desmanes y atropellos. El abogado sevillano Juan Moreno Yagüe, hombre vinculado a diversas acciones del movimiento 15-M, prepara en estos días una querella contra Bankia. Tiene previsto presentarla el jueves ante la Audiencia Nacional. Al menos 13 accionistas del banco le han dado poderes especiales. Y ya cuenta con los fondos necesarios.

El martes pasado un grupo bautizado como 15MpaRato lanzaba su acción de recaudación en la Red mediante crowdfunding, agregación de aportaciones ciudadanas. El 15-M tardaba menos de 24 horas en conseguir $25,236.9 para llevar al Consejo de Administración de Bankia ante los tribunales.

En torno a 120 personas, entre blogueros, activistas y representantes de distintos colectivos del 15-M, cocinaron la operación a lo largo de las últimas semanas. Todo arrancó en el aniversario del 15-M, en Barcelona. Los indignados catalanes querían pasar de la indignación a la acción. Un grupo de trabajo de la acampada en Barcelona empezó a analizar la situación económica. “Se vio que era necesario definir objetivos claros”, relata una integrante barcelonesa de 15MpaRato.

Hace 20 días se lanzaba la operación en Twitter con la etiqueta #15MpaRato. Resultado: más de 11,000 personas contribuyeron el martes pasado, con aportaciones que van desde $1.3 a los $650.

La captación de fondos empezó a las 9 de la mañana. La página Goteo.org desde donde se recaudaban los fondos recibía más de 11,000 visitas en una hora y a punto estaba de caer por el aluvión de donaciones. “De cada 40 intentos, solo uno conseguía realizar la donación”, explica desde Sevilla un miembro de 15MpaRato. A las 2 de la tarde los responsables de la página se veían obligados a cambiar de servidor. Hacia las 8:30 de la mañana del día siguiente se conseguía la cantidad deseada.

Más de 50 accionistas de Bankia ya se han puesto en contacto con 15MpaRato, que cuenta con un blog donde va informando de su actividad. Desde Sevilla, Moreno Yagüe se muestra esperanzado, aunque sabe que la batalla será larga. “Se ha producido un engaño masivo”, declara sin ambages.