Crisis. El Órgano Judicial está en el ojo de los diputados que destituirían a magistrados de la Sala Constitucional.

Una comisión especial legislativa del Congreso Nacional de Honduras que investiga las actuaciones administrativas de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizaba anoche un informe para entregarlo al pleno, en el cual se pediría la destitución de al menos cuatro jueces de la Sala de lo Constitucional.

El periódico hondureño La Prensa, en su página web informó que la instancia legislativa presidida por el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras y actual secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, planteó esquemas a seguir para investigar a los magistrados de tal forma que posteriormente se presentaría al pleno un informe mediante el cual se establecería el mal proceder de al menos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fallaron contra un decreto que ya había sido derogado, de acuerdo con información de diputados.

Mario Pérez, integrante de la comisión, confirmó que se enviaron oficios al Ministerio Público y a la CSJ, para que informen sobre denuncias contra los magistrados, así como casos que mantengan engavetados.

Mientras, el periódico La Tribuna informaba en su sitio web que algunos congresistas hablaban incluso de destituir hasta siete altos miembros del tribunal de justicia del país que serían “sacrificados” en sesión del Legislativo.

Wenceslao Lara, diputado del Partido Liberal, manifestó su preocupación por lo que estaba pasando dentro de las instalaciones del Congreso Nacional. “Ya está militarizado el Congreso, aquí están fraguando alguna situación en contra del Estado del Derecho, no puedo confirmar exactamente cuántos magistrados es la intención del Congreso de cancelar o de proceder en contra de ellos”, revela la nota de La Tribuna.

Mientras tanto, el fiscal general Adjunto, Roy Urtecho, rechazó que los diputados tengan la facultad de investigar a los jueces luego que el Congreso aprobara el lunes la creación de la referida comisión especial.

“Debe entenderse que cualquier pronunciamiento, señalamiento u objeción de los otros poderes del Estado sobre posturas jurídicas de fondo suponen intromisión en el ejercicio de las potestades atribuidas por la Constitución”, señaló Urtecho.