La sala resolverá en los próximos días la demanda por el nombramiento de Munguía Payés y Salinas en Seguridad Pública.

Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró ayer que antes de Semana Santa, que inicia el 24 de marzo, resolverán dos demandas: las inconstitucionalidades contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y contra el nombramiento de dos militares en el Gabinete de Seguridad Pública.

“Le solicito a la población un poco de paciencia porque ni nosotros mismos tenemos una fecha, porque sabemos la repercusiones que estas sentencias traerán y lo que vamos a entender con los otros directores y ministros que han formado parte de estos estamentos militares”, dijo el magistrado en una entrevista con Radio Cadena Mi Gente.

El 21 de febrero de 2012, 30 ciudadanos pidieron que se declarara ilegal el nombramiento del general retirado David Munguía Payés como ministro de Seguridad y del general en retiro Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil (PNC). Un mes después, el 27 de marzo, la sala admitió esa demanda para revisar si con esos nombramientos el Ejecutivo infringió el artículo 159 de la Constitución de la República, que establece “la independencia de la Policía con respecto a la Fuerza Armada”.

La sala, explicó ayer Blanco, está en la etapa final del análisis. “Nos ha ayudado a remontarnos a unas investigaciones sobre los Acuerdos de Paz, porque quienes aprobaron las reformas a dichos acuerdos no fueron muy explícitos al decir cuáles fueron las motivaciones para designar a la seguridad pública autoridades civiles… Entonces tenemos que consultar nosotros tratados internacionales, documentos, visión de un tema novedoso como es la seguridad pública y esto, hay que reconocerlo, nos ha llevado mucho tiempo”, explicó.

En tanto, la demanda contra el TLC está en la etapa de deliberación, según dijo el magistrado. Este caso es parte de la mora que no ha logrado superar la Sala de lo Constitucional.

La sala acumuló al menos cuatro demandas en las que se solicita la inconstitucionalidad de algunos artículos del tratado. Los demandantes han planteado, por ejemplo, que este le genera una supuesta pérdida de soberanía al país. Entre las demandas está una que presentó el ahora vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien en 2006 planteó que el acuerdo no fue discutido en la Asamblea.