Restricción
La Sala de lo Constitucional reiteró ayer que Avelar puede retomar su cargo y entregar información sin enfrentar restricciones de otras unidades de CSJ.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió recientemente dos demandas de amparo que ordenan que un exauditor de sistemas informáticos y un exdirector administrativo de la Fiscalía General a de la República (FGR) sean restituidos a sus antiguos cargos. Además, la sala determinó que, bajo algunas restricciones, les sean pagados los salarios no devengados desde finales de 2009, cuando se les notificó que su contrato no sería renovado para el año siguiente.

La resolución se conoce en el momento en que la sala estudia 45 amparos por despidos supuestamente injustificados de diversas dependencias del Estado.

Carlos José Hurtado Flores se desempeñaba como “auditor de sistemas dentro de la Unidad de Gerencia y Tecnología”, según la sentencia; y Carlos Leonardo Hernández Aguilar, como director de operaciones y modernización. A ambos, según las demandas que presentaron en su momento en 2010, no se les renovó el contrato “por orden del fiscal”.

Romeo Barahona asumió como fiscal general en septiembre de 2009. Al terminar ese año, la FGR no renovó los contratos de una veintena de empleados, mayoritariamente administrativos. El ahora exfiscal general, además, degradó de sus puestos a jefaturas de la administración anterior, la de Félix Garrid Safie. Algunos de estos terminaron renunciando.

Aunque la resolución de los amparos está firmada en el 19 de diciembre de 2012, esta fue notificada hasta el pasado 8 de enero, confirmó el abogado de los dos exempleados, Gustavo Benítez.

Ambas sentencias fueron resueltas por unanimidad y poseen la rúbrica de cuatro magistrados propietarios de la sala. Salomón Padilla, actual presidente de la CSJ, se excusó de conocer los casos debido a que en el pasado fue subalterno del exfiscal Barahona, al desempeñarse como fiscal electoral. Su suplente firmó.

Interpretación

La sala hizo una interpretación en ambas sentencias en las que valoró que la estabilidad laboral de los empleados públicos sometidos a contrato ha sido “tergiversada”. Para ello, los magistrados retomaron el artículo 83 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, del que interpretan que “la modalidad de contratos a plazo fue diseñada para la contratación de servicios profesionales o técnicos de naturaleza eventual”.

El análisis de los constitucionalistas vincula la estabilidad laboral con el derecho al trabajo; y con lo expresado en el artículo 219 de la Constitución, que establece la garantía de estabilidad laboral para los empleados públicos, a excepción de aquellos cuyos cargos sean políticos o de confianza.

Los magistrados reseñan en la sentencia que ninguno de los dos cargos desempeñados por los demandantes podían ser considerados como de confianza, ni políticos, y que por lo tanto están amparados bajo la estabilidad laboral. “Su titularidad no puede verse condicionada por cláusulas contractuales estipuladas por las partes, con base en una ley diseñada solo para flexibilizar las operaciones relativas al presupuesto y que, además, permite las contrataciones a plazo exclusivamente cuando los servicios contratados sean eventuales y cuando no exista dentro de la Ley de Salarios una plaza vacante con iguales funciones a aquella respecto a la cual se pretende contratar”, reseña la sentencia.

La Sala de lo Constitucional, luego de someter bajo escrutinio las características laborales de cada uno de los puestos, consideró que ni Hurtado ni Hernández desempeñaban trabajos eventuales.

Anteriormente, la sala había sentado jurisprudencia respecto a la estabilidad laboral por contrato con un criterio diferente, ya que se consideraba que “la titularidad del derecho a la estabilidad laboral del empleado que presta sus servicios al Estado mediante un contrato está condicionada por la fecha de vencimiento de este”, según se lee también en su sentencia.

Sin embargo, los magistrados explicaron en el texto que, después de un análisis, cambiaron su criterio de interpretación. El documento añade que el nuevo concepto de estabilidad laboral ligado a los contratos es el que debe tomarse como jurisprudencia.

Uno de los integrantes de la sala, quien opinó a cambio de no ser identificado, explicó que esta resolución se convierte en jurisprudencia y que se convertirá en antecedente para nuevos demandas por despido en las instituciones de Gobierno.

“En la resolución se explica por qué el cambio de jurisprudencia. Aunque habrá que evaluar si los otros casos reúnen las mismas características porque no necesariamente el despedido puede presentar un amparo. Los que están protegidos por la Ley de Servicio Civil pueden ir al Tribunal de Servicio Civil”, dijo el magistrado.

La sala recibió 45 demandas por despidos injustificados entre la segunda quincena de diciembre de 2012 y la primera semana de enero de 2013. Treinta fueron presentadas por personas removidas de la CSJ, 13 por funcionarios despedidos de la Secretaría de Cultura, una por un exempleado del Ministerio de Trabajo y otra por un despedido del Ministerio de Seguridad. Todos esos recursos de amparo han sido admitidos. Los amparos de la Secretaría de Cultura fueron admitidos esta semana: la sala ordenó a esta dependencia que los restituya hasta que finalice el proceso.

El análisis de la sentencia añade que ante el vacío en la legislación que regula la carrera fiscal, que no estipula cómo debe reinstalarse un exempleado, debe aplicarse el artículo 61 de la Ley del Servicio Civil, que sostiene que el pago de salarios no devengados no sobrepasa los tres meses. Tanto Hurtado como Hernández llevan más de tres años fuera de la FGR.

La sala determinó, además, que a los demandantes se les vulneró el derecho de audiencia y el derecho de petición, ya que el exfiscal general nunca contestó la correspondencia que estos le enviaron.

Ayer se solicitó la opinión de la FGR acerca de cómo procedería con la restitución de los exempleados. No hubo respuesta.