ONUSAL y la guerrilla rechazaron que elementos de los disueltos cuerpos militares instruyesen a los agentes en formación, argumentando que no reunían los requisitos para estructurar una Policía democrática. Felizmente, se logró la colaboración de un contingente de asesores internacionales. La emergencia de una pronta seguridad impidió llevar a la práctica valiosas sugerencias y quedaron vicios que imposibilitaron lo proyectado, como excluir en su integración a combatientes del Ejército y la guerrilla. Nuevos cambios se dieron con el acuerdo complementario del 17 de junio de 1992 con pocas expectativas; al contrario, causaron discrepancias los años subsiguientes.

En el pasado, ciertos cuerpos fueron garantes de la seguridad interna y externa, simultáneamente y, aunque la población los aceptó porque golpearon con efectividad la delincuencia, cometieron excesos –nuestra sociedad violenta mira como opción el rigor militar para las soluciones–. Eso sí, quedó consciente de que en el futuro tenían que evitarse decisiones con matiz militar que pusieran en riesgo las funciones civiles de los cuerpos policiacos.

Diferente es el apoyo que proporciona la Fuerza Armada en tareas nacionales de todo tipo, incluso las de seguridad, en apego a la Constitución. Esa actitud ha mejorado su imagen ante la gente.

Cuando se nombraron elementos militares al mando del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil, era de esperarse la respuesta de la Sala de lo Constitucional, con un fallo sustentado, pero tardío, que se ha vuelto repetitivo como en otros casos: cuatro magistrados haciendo mayoría contra el presidente de la sala, de procedencia política conocida.

Los argumentos expuestos contra el fallo mezclan fundamentaciones jurídicas con posiciones partidarias. Lo que pretendieron los forjadores de los acuerdos, específicamente sobre el tema, era superar el pasado y trabajar por una Policía civil, confiable que velase por la seguridad interna.

El fallo de la Sala de lo Constitucional debe verse como la oportunidad para que el elemento de carrera, con aptitudes, ganada experiencia y don de mando escale posiciones en la institución.

Esperamos que los funcionarios nombrados traerán nuevas ideas y estrategias para enfrentar el flagelo de las pandillas. Podría variar el enfoque de los facilitadores de la tregua, monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango. Incorporar al equipo elementos con idoneidad para potenciarlo. Está bien el aporte espiritual del vicario castrense, pero por qué un exguerrillero radical.

Existe un proyecto –estancado por falta de fondos– para construir un local al Ordinariato Militar y colaboradores a escala nacional.

La ciudadanía desea que este tema confrontativo tenga una mejor reorientación. Suficiente sufrimiento recibe de la traumatizante delincuencia y de una crisis económica sin freno que vuelve más vulnerable sus hogares.