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Esta es la información que ya no podrás pedir a tus funcionarios en El Salvador

Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puso límites al derecho de acceso a la información público y estableció 3 nuevos criterios. El IAIP cuestiona las barreras impuestas por la sala.

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El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) reaccionó esta mañana ante una resolución emitida el pasado lunes por la Sala de lo Constitucional que le da nuevos elementos a los oficiales de información para negarle datos a los ciudadanos. El Instituto consideró que ese fallo es un retroceso para el país en materia de transparencia, porque deja demasiada discrecionalidad a los funcionarios para denegar información. A continuación se enumera qué tipo de información queda restringida a partir de esta sentencia.

1

Información superflua

La Sala de lo Constitucional consideró que es información superflua el "uso del mobiliario y equipo que normalmente está asignado a cada individuo o unidad organizativa para desempeñar su función; o la descripción –cualitativa o cuantitativa– y uso de los bienes asignados para el desempeño de sus labores, como papelería". 

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2

Información que implique gasto injustificado para una institución

La Sala dijo que las instituciones también podrán rechazar solicitudes de información "cuya recopilación y sistematización denoten razonablemente un interés deliberado en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida". Además, los magistrados abren la posibilidad de que las instituciones nieguen información a sus ciudadanos cuando esta "implique un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción".

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3

Información generada por funcionarios anteriores a los actuales

La Sala estableció que no es obligación de las instituciones "generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que, en su momento, debieron quedar asentados en acta o cualquier otro soporte documental".  Esto, según el IAIP, impedirá que a futuro los ciudadanos soliciten al Ministerio de Defensa reconstruir información sobre operativos militares durante la guerra.

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